La oficina de la Contralora del Puerto Rico otorgó a la rama judicial, por cuarto año consecutivo, la puntuación máxima de 100 puntos tras evaluar su cumplimiento con el establecimiento de medidas para mejorar la administración pública y el establecimiento de un programa de prevención anticorrupción.

‘Nos enorgullece grandemente este reconocimiento que valida una vez más nuestro compromiso con la sana administración de los fondos que nos son delegados y el cumplimiento estricto con todas las normas de buen desempeño fiscal y laboral’, dijo el presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton.

Los criterios de evaluación incluyeron el establecimiento de medidas para mejorar la administración pública, el manejo de las asignaciones presupuestarias, la puesta en vigor de un plan estratégico, el manejo de la propiedad y los fondos públicos, el archivo y manejo adecuado de documentos y reglamentación, el uso de la tecnología de información, el establecimiento y divulgación de una cultura ética y de valores, las normas sobre el capital humano, el recibo y referido de querellas y la actividad de auditoría interna.

Hernández Denton reconoció y agradeció a todos los funcionarios y funcionarias de la oficina de Administración de Tribunales (OAT) por su trabajo y les dedicó este reconocimiento.

‘Este logro es el resultado del trabajo arduo y honesto de todos los funcionarios y funcionarias de la OAT’, dijo Hernández Denton.