La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, refirió el martes, a la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) en un informe sobre la investigación preliminar realizada contra el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, y otras tres personas por posible comisión de delito.

‘Esta mañana referimos a la atención de la OPFEI el informe relacionado a la investigación preliminar que se realizara en el Departamento de Justicia contra el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz. Por tener causa suficiente sobre la posible comisión de delitos por parte del Alcalde se le recomendó al FEI la designación de un fiscal especial independiente’, dijo Vázquez Garced en declaraciones escritas.

‘La investigación preliminar reflejó que Hernández Ortiz pudo incurrir en violaciones de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, al rendir informes incompletos, recibir donaciones de contratistas del municipio para la campaña, violaciones a la Ley de Ética Gubernamental al utilizar contratistas para beneficio personal y por tener causa suficiente de violación del artículo 264 del Código Penal de 2012(malversación de fondos públicos) por el desembolso de fondos públicos si la celebración de subasta ‘, destacó la titular de Justicia.

Las demás personas referidas a la OPFEI son: Luis Santiago Alvarado, contratista del Municipio bajo la compañía LR Handyman Service; Marena Navarro Rivera, presidenta de la Junta de Subasta, secretaria municipal y directora de campaña del alcalde; y Jorge Ortiz Blanco, tesorero del Comité de Subasta del Municipio.

Explicó que el Artículo 4 de la Ley Número 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como Ley del Fiscal Especial Independiente, 3 L.P.R.A., Secc. 99 h, establece que el Departamento de Justicia llevará a cabo una investigación preliminar en todo caso en que se reciba información bajo juramento que a su juicio constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito grave y menos grave incluidos en la misma transacción o evento y los delitos contra los derechos civiles, la función pública y el erario público, por algunos funcionarios, entre los cuales están los alcaldes.

La ley del OPFEI establece que el Departamento de Justicia debe realizar una investigación preliminar dentro del término legal de 90 días para hacer el referido al OPFEI.

‘El Departamento de Justicia actuará diligentemente para proceder con las acciones que correspondan en éste y todos los casos ante su consideración. En este caso, ahora corresponde al OPFEI, conforme a su ley habilitadora, determinar si procede la radicación de cargos en este caso’, destacó Vázquez Garced.

La directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, Mibari Rivera Sanfiorenzo, y la fiscal Jannellie Acosta Román investigaron el caso.