El legislador alegó que de no implementarse la nueva ley, los consumidores con sistemas de energía renovable, particularmente la fotovoltaica, recibirán un impacto “devastador”.

El representante Víctor Parés le pidió el domingo al gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia defender inclusive en los Tribunales, la Ley 10-2024 la cual deja sin efecto cualquier aumento en la factura de energía eléctrica hasta el 2030 a consumidores en medición neta, ante la objeción de la Junta de Supervisión Fiscal.

“La Junta alega que la Ley 10-2024 es contraria al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que amarra al gobierno. Sin embargo la realidad es que la medición neta ha sido un éxito en Puerto Rico, promoviendo el cambio a energía solar más rápido que en algunas jurisdicciones de la nación. Cambiar la tarifa, que no es otra cosa que aumentarla, como en esencia quiere la Junta, tendrá un efecto devastador en nuestra Isla y perpetuará el uso del petróleo como principal fuente de generación de energía, algo que es inaceptable”, dijo el representante en declaraciones escritas.

El legislador alegó que de no implementarse la nueva ley, los consumidores con sistemas de energía renovable, particularmente la fotovoltaica, recibirán un impacto “devastador”.

“Estamos exhortando al gobernador a tomar todas las medidas necesarias, con carácter de urgencia, para evitar que la Junta implemente un nuevo cargo a las personas que tengan sistema de placas solares. Eso incluye acción en los tribunales, algo que debe pensarse rápido y actuar de la misma forma. Si la juez Laura Taylor Swain implementa el PAD, entonces será mucho más difícil evitar el cargo solar, como algunos lo han llamado”, añadió.

La Junta rechazó esperar a que el Negociado de Energía realice un estudio de medición neta en o antes del 2030, como establece estatuto.

La Ley 10-2024 cambió el término para que el Negociado de Energía completara el estudio de medición neta. Bajo las nuevas disposiciones del Artículo 4 de la Ley 114-2007, el Negociado deberá comenzar el estudio en enero de 2030.