Nellie Muñiz Ríos falleció en marzo del año pasado luego de que supuestamente un empleado del Hogar Cabecitas Blancas Eldery Home le colocara una media en la boca.

A casi un año de la muerte en circunstancias sospechosas, la familia de Nellie Muñiz Ríos desconoce tanto la causa como la manera en que falleció la mujer de 73 años y tampoco saben si alguien pagará por su fallecimiento en el Hogar Cabecitas Blancas Elderly Home, en Caguas.

El caso, posiblemente criminal, está detenido mientras el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) concluye una serie de análisis. Mientras, el hogar, que tenía 15 residentes al momento de la tragedia, fue despojado inmediatamente de su licencia por el Departamento de la Familia. La agencia no subvencionaba la estadía de ningún residente en el lugar.

Muñiz Ríos falleció el 13 de marzo mientras se encontraba internada en el mencionado hogar. Días después, trascendió que un empleado de la institución reconoció a la Policía que le colocaba una media en la boca a la mujer ya que hacía ruidos en la noche. Trascendió que la dueña había hecho unas imputaciones contra un empleado en el contexto de la muerte de Muñiz Ríos.

Sin embargo, nadie ha sido acusado criminalmente por el deceso.

“Solamente queremos expresar que estamos comprometidos con y envueltos día a día en el proceso de traer justicia a nuestra madre y a toda la población de mayor edad en el país. Queremos además exhortar al pueblo a que se unan al reclamo para que las autoridades lleguen hasta las últimas consecuencias en los casos de crímenes contra las personas vulnerables de mayor edad”, dijo a NotiCel su hijo Fernando Berio Muñiz.

El Departamento de la Familia indicó en declaraciones escritas que el cierre del hogar es permanente y que los demás residentes fueron reubicados.

“En todos los casos que se valida un referido donde se ve afectada la salud y la seguridad de alguna de las poblaciones que apoyamos, trabajamos en conjunto con las autoridades de ley y orden para poder atender la situación. Como parte de la colaboración, ponemos a disposición de las autoridades información de referidos recibidos, entrevistas realizadas a personal, familiares y residentes que puedan ayudar en la investigación que se lleva a cabo”, lee una declaración escrita de la agencia.

“Por nuestra parte, nos movilizamos al hogar tanto personal de licenciamiento como de la Unidad de Investigación. La misma concluyó en una revocación de la licencia y la reubicación de los residentes de esta Institución. Actualmente estamos esperando informa de forense para poder concluir la investigación”.

La fiscal de distrito de Caguas, Arlene Gardón sostuvo, también en declaraciones escritas, que espera por los resultados de las pruebas periciales, pero no las precisó por ser una investigación en curso.

La doctora María Conte, directora del ICF, fue reservada al hablar del caso al argumentar que cualquier detalle sobre lo que quede pendiente en el caso podría adelantar públicamente el curso de la investigación.

“La patóloga todavía está evaluando toda la información y los análisis que se han realizado para tomar una determinación final”, indicó Conte al referirse a la patóloga Irma Rivera. Conte se limitó a indicar que las pruebas pendientes no están en manos de laboratorios externos.

“Todavía no se ha establecido una causa ni manera de muerte. Está en proceso”, indicó.

Cuando se le indicó que en marzo se cumple un año del deceso, Conte insistió en que si entrara en detalles del trabajo pendiente en el ICF “estaría dando información que puede poner en peligro la gestión investigativa”.

“Es un caso complejo”, dijo sin señalar si la mujer presentaba una condición preexistente de salud.

Conte sí sostuvo que el ICF examinó el cuerpo por petición de la fiscalía. En casos de muertes en hogares de ancianos, como lo fue este caso, no todos los casos pasan al ICF. Por ejemplo, si un médico de cabecera determina que la muerte pudo atribuirse a una condición de salud ya conocida. En estos escenarios, el patólogo examina el documento firmado por el médico y puede optar por declinar realizar una autopsia.

“Este caso es un caso distinto a la mayoría de los casos en que evalúan muertes de personas mayores. Este caso fue referido por el fiscal”, dijo.