La votación fue de 22 votos a favor y cinco ausentes.

Con el propósito de atajar la corrupción, fue aprobado el Proyecto del Senado 345 en ese cuerpo, a los fines de imponer responsabilidades jurídicas a personas que admiten haber cometido actos de corrupción pero que no son procesadas por los mismos.

“La medida lo que busca es buscar imponer responsabilidad a las personas que han cometido corrupción pero no han sido procesados criminalmente. Se va a crear un mecanismo para que la persona asuma las consecuencias, y que a la hora de la verdad pueda presentar una declaración jurada de si fue convicto o no. También debe declarar si fue parte del disfrute de una inmunidad para ser testigo de un caso donde esta el asunto de fondos públicos y algo más importante es que enmienda el Código Anticorrupción”, sostuvo el senador Ramón Ruiz Nieves, autor de la medida.

El legislador popular reiteró la importancia de que la pieza se convierta en ley ya que «vivimos esto todos los días».

Una de las enmiendas que propone la medida aprobada en el Senado es que si un contratista o proveedor declara, admita o recibe inmunidad por la comisión de uno o más delitos, estará impedido de participar en cualquier proceso de licitación que realice cualquier agencia, o instrumentalidad gubernamental, corporación pública, municipio o con la Rama Legislativa o Rama Judicial.

Asimismo, estaría impedido de suscribir un contrato de servicio no profesional, servicios profesionales o consultivos independientemente de si se le formularon cargos por su conducta delictiva.

De igual manera, el vigente Registro de Personas Convictas cambiaría al Registro de Personas que han cometido Actos de Corrupción, dejando a un lado la convicción y dándole más peso al acto.

Es decir, deberá incluirse en el propuesto Registro de Personas que han cometido Actos de Corrupción a toda persona que persona que haya declarado, admitido, o se haya beneficiado de la concesión de inmunidad contra el procesamiento por la comisión de uno de los delitos.

La pieza fue avalada por el Departamento de Justicia, La Oficina de Administración de Tribunales, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y la Administración de Servicios Generales (ASG).

La medida fue aprobada en los trabajos de la sesión ordinaria de ayer, jueves, con 22 votos a favor y cinco ausentes.

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