La JCF congeló $30 millones a la agencia porque no ha implementado un sistema, que elimine la práctica de pagar a empleados inactivos o sin las licencias para tomar tiempo libre.

Pese a el Departamento de Educación (DE) identificó a unos 5,384 empleados que no utilizan el sistema de registro de asistencia y que reciben su pago sin mostrar evidencia del horario de trabajo, ayer no ofreció la fecha específica en que enviará la información al Departamento de Hacienda para iniciar el proceso de descuento de nómina.

Tampoco ha identificado el mecanismo para recuperar los millones que ha desembolsado en pagos de nómina a empleados inactivos, una deficiencia administrativa que provocó que el viernes pasado la Junta de Control Fiscal (JCF) anunciara que congeló $30 millones del presupuesto de la agencia hasta que implemente el sistema de registro de asistencia adecuadamente y valide la «existencia» de cientos de empleados que han cobrado sin llenar una hoja de asistencia.

En septiembre el año pasado, la directora ejecutiva de JCF, Natalie Jaresko, reveló durante más de una década Educación pagó $84.2 millones en nómina a 17,500 empleados que ya no trabajaban en el sistema de educación público o sencillamente no contaban con los días de licencias acumulados para tomar vacaciones o días de enfermedad. Hasta ese momento, según Jaresko, la agencia solo había recuperado $3.6 millones.

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El viernes pasado, durante la primera reunión pública del ente fiscal, la directora de plan fiscal y presupuesto del gobierno de la JCF, Ginorly Maldonado, informó la retención de la partida millonaria ante la sorpresa del gobernador Pedro Pierluisi Urritia. Indicó también que había 769 empleados inactivos en la nómina de la agencia y calculó que Educación pagaría unos $46 millones durante el año fiscal en curso a empleados inactivos o ausentes sin una justificación. La implementación del sistema de registro de asistencia está contenido en el plan fiscal aprobado por la JCF.

Ayer, nadie mencionó los 769 empleados.

En una confusa y extensa rueda de prensa en la cual se brincó del tema del registro de asistencia, a la vacunación masiva que realiza el Gobierno, a la reapertura de las escuelas y a las designaciones de empleados de confianza en Educación, la designada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos confirmó que solicitó a la JCF dos prórrogas para establecer un mecanismo administrativo que permitirá a los empleados de la agencia realizar reclamaciones ante la falta de pago.

“El número puedo variar de quincena en quincena. El último número era 5,286 empleados”, apuntó a preguntas de NotiCel aunque inicialmente ofreció la cifra de 5,384 empleados.

Mencionó que emitió tres comunicaciones para divulgar la nueva política pública de registro de asistencia, que sumó 22 empleados adicionales para trabajar con la nómina de la agencia y que solicitó un informe para identificar a los empleados que no registran sus horario de trabajo.

“Solicité un informe al Sistema de Tiempo, Asistencia y Licencia, que me haga un listado para mandar a detener la nómina de un año atrás de todas esas personas que no están registrando ajustes y se le refleja TRN para ir moviéndonos un año, seis meses y tres meses”, apuntó.

Con esa información, la agencia enviará cartas a los empleados y empleadas informando que iniciará un proceso de descuento en la nómina por falta de información. Luego enviará al Departamento de Hacienda -en una fecha que no precisó Aponte Santos- la información para que inicie el proceso de descuentos de nómina.

No existe un perfil del empleado que no cumple con registrar su asistencia. El Departamento de Educación también desconoce cuántos casos responden a una intención de defraudar y cuántos son resultado de problemas del propio sistema de registro de asistencia.

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“Nosotros estamos trabajando con el Departamento de Hacienda y el ejercicio va a ser a través del Departamento de Hacienda y lo que se va a hacer es un descuento. Se emite la comunicación y se establece un descuento automático. Se da un periodo para la reclamación. Esa reclamación se trabaja. Llega a Hacienda y si la reclamación es válida se hace la parte de desembolso y si no es válida se mantiene el descuento realizado”, precisó la Secretaria de Educación.

“El archivo va a venir con una información que nos va a permitir restringir cualquier pago que se sospeche como indebido dentro de unos procesos y unos protocolos sin una determinación final porque hay un proceso de apelación que le debe dar a la persona involucrada, agregó el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

El proceso de recobro del dinero pagado indebidamente se realizará en una etapa posterior.

“Por el momento, estamos trabajando con esta iniciativa, hay una política pública de proceso disciplinario donde se van a establecer la exhortación verbal, la escrita y las decisiones administrativas si no hay un cumplimiento”, respondió Aponte Santos a preguntas de NotiCel.

“La Junta hizo una análisis y se llegaron a unas conclusiones pero falta ver todo el proceso administrativo. Hay que escuchar a la otra parte. De momento, hay que acabar con ese sangrado y es mediante estos protocolos donde en efecto los supervisores comienzan a ser más rigurosos y evitar que se hagan pagos inadecuados”, abundó Parés Alicea.