Unos cincuenta agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia (DJ), iniciaron desde el martes un operativo para arrestar a 15 personas vinculadas al trasiego de armas de fuego en Bayamón, Toa Alta, Carolina, Corozal y otros pueblos. Así lo informó el miércoles el secretario de Justicia, Guillermo A. Somoza Colombani.

El funcionario aseguró que los arrestos de estas personas peligrosas son el resultado de un trabajo encubierto iniciado hace varios meses por agentes del NIE y donde se lograron ocupar 23 armas, entre las que se encuentran 12 pistolas, cinco armas largas y seis ametralladoras.

Muchas de las transacciones fueron realizadas a plena luz del día en los estacionamientos de centros comerciales, así como en lugares donde se vende comida, bebidas alcohólicas y parques pasivos.

Aunque hasta el momento no existe conexión entre los arrestados, las autoridades identificaron a Luis Álvarez Oquendo, de 61 años, como la persona que sirvió de intermediario para la compra de varias de las armas de fuego.

Entre los acusados también figura una mujer de 37 años, identificada como Ivia Annette Rodríguez Rivera, quien realizó cinco transacciones de armas de fuego y en una ocasión acudió a realizar la venta en un vehículo de motor acompañada de sus cincos hijos menores de edad. Por tal razón, coordinamos con el Departamento de la Familia (DF) para que brinden sus servicios a estos menores, una vez sean removidos de su hogar, tras el arresto de Rodríguez Rivera.

‘Con los tres operativos que hemos realizado en los pueblos de Orocovis, Morovis y ahora en estos pueblos, confirmamos que el trasiego ilegal de drogas y armas ha trascendido los cascos urbanos y se ha extendido hasta el interior de la Isla. Nuestro norte con este tipo de intervención es evitar que se siga envenenando a los niños y a la juventud de Puerto Rico y devolverle la seguridad a los residentes de la montaña’, dijo el Titular de Justicia.

Añadió que ‘las armas incautadas ya fueron llevadas al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) con el fin de hacerle las pruebas correspondientes para verificar si las mismas fueron utilizadas en la comisión de crímenes previos’.

Por su parte el director del NIE, el fiscal Víctor Carbonell, añadió que ‘nuestra misión en el NIE es investigar la actividad criminal organizada con el fin de que los fiscales del DJ puedan encausar a todas las personas relacionadas con el tráfico, uso y posesión de drogas y armas ilegales a los fines de preservar la seguridad de nuestros ciudadanos. Estos operativos periódicos son la herramienta para cumplir con nuestra misión’.

El precio de las armas ocupadas en este operativo, denominado ‘Impacto a la Montaña III’, fluctuó entre los 1,250 a 2,800 dólares. También se ocuparon 19 cargadores, un aditamento para hacer pistolas automáticas, 299 balas, marihuana y cocaína.

Los cargos fueron presentados por la fiscal María Esther Hernández de la División de Crimen Organizado del DJ en el Centro Judicial de San Juan. Mientras que el juez Rafael Villafañe Rivera determinó causa probable para arresto contra todos los imputados en 101 cargos criminales y les fijó una fianza global de cerca de 8 millones de dólares.