La presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), Sandra Torres anunció el jueves la reactivación del comite multiagencial sobre el hurto de metales, para atacar el incremento de casos reportados, bajo la Ley 105 de 2007.

‘Nosotros vamos a entrar nuevamente como grupo a trabajar con esto. Nosotros hemos ido a los centros de acopio y hemos encontrado estatuas de bronce (mayormente las que utilizan los restaurantes de comida asiática en las afueras de sus establecimientos) y de las tarjas de los cementerios, se están robando las plantas eléctricas comerciales y residenciales, el cobre de la tubería de gas de los restaurantes y de los comedores escolares, las bases de los postes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), los contadores de agua, las tapas de las alcantarillas y los llamados ‘manholes’, o sea, es una actividad que va creciendo’, dijo la funcionaria a preguntas de la prensa.

Según Torres, las corporaciones públicas no tienen datos específicos, sobre la cantidad de metal robado y lo que eso significa para sus operaciones. No obstante, una de las compañías de telecomunicaciones de Puerto Rico, en los primeros dos meses del año 2017 ha reportado pérdidas de tres millones de dólares por el hurto del cobre. Actualmente la libra de cobre en el mercado negro se paga a 3 dólares, cincuenta centavos.

De acuerdo con Torres, se supone que la Ley 105 le exige a los Centros de Acopio tener evidencia de que el metal que compran no es hurtado. No obstante, el material hurtado como quiera sale de los Centros de Acopio y se envía a dos lugares- ubicados por la funcionaria en Arecibo y Loíza- donde supuestamente los funden y los compactan. Una vez hecho ese proceso, el Gobierno no tiene jurisdicción para intervenir. De ambos lugares, sale el material a una barcaza que llega a la Isla una vez en semana, para llevar los metales a China e India, donde compran el material, supuestamente como excedente.

El grupo de trabajo, entre otros, lo compone el Departamento de Justicia, la Policía, Departamento de Asuntos al Consumidor, Autoridad de Energía Eléctrica y Acueductos y Alcantarillados, la Comisión de Servicio Público, la Junta de Calidad Ambiental, Oficina de Gerencia de Permisos, Departamento de Hacienda y los representantes de las compañías de telecomunicaciones.