Armando Valdés analiza cómo el seguro por desempleo tiene su razón de ser, y no debe ser considerado como incentivo del Gobierno.

Mucha gente, quizá una mayoría del pueblo trabajador puertorriqueño, vive preocupada por el cheque que no les ha llegado, sea el de su quincena o los que se les prometieron por el gobierno para paliar la pérdida de un empleo. Otros, una minoría muy vocal pero sigilosa, no pueden dormir por lo opuesto: por la posibilidad que la gente que despidieron de sus empresas le cojan el gustito al “incentivo por desempleo” que todavía no les ha llegado.

Así les dijeron ciertos “líderes” de la empresa privada a la gobernadora y dos de sus secretarios, según reportó ayer el periodista Rafelli González en este medio digital.

La minuta del encuentro, a la que tuvo acceso González, recoge que siete prominentes empresarios les expresaron que “[a] todos nos ocupa que los planes de incentivos por desempleo pueden ser a corto plazo de mayor beneficio para los que no están trabajando y por ende fomentar el que no quieran volver a la fuerza laboral”. Hoy, en mi programa en Radio Isla 1320, Sobre la Mesa, el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, quien fue uno de los dos jefes de agencia que participó de la reunión, me confirmó esta información.

Ante tal aseveración, me veo en la obligación de recordarles algunos datos.

Primero, que muchos de estos trabajadores no han visto un solo centavo entrar a sus hogares en seis semanas. Quizá no han estado pendientes, pero estos pagos todavía no le han llegado a la mayoría de los 200,174 puertorriqueños que reclamaron beneficios por desempleo solo entre el 16 de marzo y el 18 de abril. El gobierno anunció – y ya en este momento uno no sabe ni qué creer – que no fue sino hasta el jueves y viernes de la semana pasada que comenzaron el envío por correo de unos 39,966 cheques con la ayuda suplementaria federal de $600 semanales y que solo se extenderá por unos cuatro meses.

Sepan además que las quejas llueven de trabajadores que no han logrado reclamar sus beneficios por la falta de diligencia del Departamento del Trabajo en tomar sus solicitudes, y que me consta de trabajadores que se enteraron que sus patronos los habían clasificado como contratistas para no pagar el seguro por desempleo. Para ellos y para los cuentrapropistas se supone que hoy esté disponible finalmente el proceso para que puedan solicitar esta ayuda.

En otras palabras, que al final del día serán más de 300,000 los que solicitarán y probablemente lleguen a ser cerca de la mitad del total de los trabajadores que laboraban en el sector privado antes de la cuarentena.

Lo que me lleva al segundo dato: esa gente la despidieron ustedes en un abrir y cerrar de ojos.

Tercero, el pago por desempleo, que solo ahora con el aumento temporero aprobado por el gobierno federal superará los $200 por semana, resulta más atractivo, en parte, porque al menos uno de los asistentes de esa reunión, Rafael Rojo, de la Asociación de Constructores, abogó en contra del aumento en el salario mínimo en marzo de 2017.

Además, ¿qué exactamente esperan que la gobernadora haga? ¿Que no distribuya millones en ayuda para gente necesitada con fondos provenientes del erario federal? ¿Sumir a la gente en la más extrema pobreza para que vengan de rodillas a sus patronos salvadores a pedirles empleos que les paguen una miseria sin seguridad laboral alguna luego de ellos promover una reforma que les restó derechos? Además de ser una canallada y una inhumanidad, sería el suicidio político.

Cuarto, déjenme explicarles qué es un “incentivo” del gobierno. Un incentivo es:

¥Una garantía de $231 millones del Fondo para el Desarrollo del Turismo (FDT), un financiamiento de $15 millones del desaparecido Banco Gubernamental de Fomento y un inversión de $15 millones de la Compañía para el Desarrollo Hotelero (CDH) para la construcción del Dorado Beach Ritz Carlton Reserve.

¥Una garantía de $29 millones del FDT y un préstamo de $7.2 millones del Municipio de Bayamón para la construcción del Hyatt Place Bayamón.

¥Una garantía de $24 millones del FDT y un préstamo de $6 millones del Municipio de Manatí para la construcción del Hyatt Place Manatí.

¥Un financiamiento de $8 millones del Banco de Desarrollo Económico y una inversión directa de $10 millones del gobierno en un periodo de 10 años para la construcción del centro de entretenimiento District Live en el Distrito de Convenciones.

¥Una inversión pública de $5.9 millones en la construcción del Hyatt Place en el Distrito de Convenciones.

¥Una inversión de $2.9 millones de la CDH para la construcción del Hyatt House en el Distrito de Convenciones.

Todos estos incentivos, fueron solicitados por y otorgados a la empresa PRISA Group, cuyo presidente, Federico Stubbe, y su padre, Friedel Stubbe, fueron de los participantes en la reunión con la gobernadora en la que levantaron alarma sobre el mal llamado “incentivo por desempleo”.

De paso, estos incentivos tienen su razón de ser y produjeron actividad económica importante. Como también el seguro por desempleo tiene su razón de ser, y no, no es un incentivo.

Qué poco conocen a su propia gente y a la clase media de este país. Esa ayuda no desincentivará el esfuerzo ni las ganas de echar pa’lante de gente que probablemente en sus vidas se imaginaron tener que pedirle nada al gobierno. Ese dinerito ayudará a llevar un plato de comida a mesas que ustedes dejaron desprovistas. Ayudará a llenar el bolsillo roto de sus propios trabajadores del que ha salido tanto dinero en contribuciones para acabar en incentivos para sus empresas.

En fin, quizá les llegó el turno a los que realmente nunca les ha tocado ni un centavo, a la clase media trabajadora de Puerto Rico, de que el gobierno les de la mano. Ahora les pregunto, ¿quién realmente es el “incentivado”?

El autor es abogado, consultor político, y está interesado en los asuntos públicos. Fue además director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) durante la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá.