El representante estadista Jose Enrique ‘Quiquito’ Melendez junto al representante Ramón Luis Cruz Burgos presentaron el jueves el Proyecto de la Cámara 2339 para enmendar la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, y autorizar la expedición, creación y uso de las denominadas licencias de conducir virtuales (virtual driver licenses), mediante el diseño y acceso a una aplicación móvil.

Tras aprobarse la ‘Ley de Gobierno Electrónico’, el estado adoptó como política pública la incorporación de nuevas tecnologías a los programas y servicios de gobierno para reducir tanto el tiempo de gestión como los costos de operación de las agencias, y facilitar la supervisión e implantación de soluciones a las necesidades de los ciudadanos permitiendo que el gobierno preste servicios de mejor calidad. Por esto, la medida busca establecer en la isla las licencias de conducir virtuales a través de aplicaciones móviles que usarán los ciudadanos en sus teléfonos móviles.

‘La implantación de las licencias virtuales mediante el desarrollo de una aplicación móvil segura y que garantice la privacidad de los ciudadanos, pondría a Puerto Rico a la vanguardia de la tecnología y ampliaría los servicios digitales que ofrece el gobierno. Necesitamos movernos hacia el futuro con la implantación de servicios innovadores que ayuden a nuestros ciudadanos a recibir servicios del gobierno más rápidos y eficientes. Nuestra isla debe estar al nivel de otros países y metrópolis que continúan evolucionando al implantar nuevas tecnologías’, expresó Meléndez en un comunicado de prensa.

Añadió que la tecnología, que ya se está experimentando su uso en los estados de Iowa y Delaware, fue diseñada en sus principios para motivos laborales, para la banca, comercios, entre otros servicios. En Puerto Rico la aplicación móvil, en sus principios, ayudaría a los ciudadanos a reducir sus tiempos de visita en los Centros de Servicios al Conductor (CESCO), bajaría los costos de operación de estos centros, podría utilizarse para añadir otros servicios del gobierno y eliminaría la compra y uso de las tarjetas plásticas que no son ambientalmente amigables.