El Departamento de la Vivienda reconoció que no cuenta con fondos para el desarrollo de vivienda de interes social, que atiende principalmente las necesidades de familias de escasos recursos económicos y personas mayores de 60 años con ingresos bajos.

El reconocimiento de la escases de fondos para atender a esta población está en la ponencia que el secretario de la Vivienda, Rubén Ríos Pagán, envió a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes que, por razones ajenas a la voluntad de su presidente Carlos Vargas Ferrer, no pudo celebrar la vista pública en la que se evalúa un proyecto de ley para investigar el estado de los cascos urbanos de los municipios.

No obstante, NotiCel recibió copia de la ponencia del funcionario, quien también aceptó que la recesión económica por la que atraviesa el país desde 2006 ha afectado a un número considerable de familias puertorriqueñas.

‘La recesión económica ha traído una ola de ejecuciones hipotecarias en barrios de bajos ingresos y modestas subdivisiones suburbanas. También ha creado o revelado, una nueva dimensión de la pobreza de miles de desempleados de larga duración’, planteó Ríos Pagán en su ponencia.

El funcionario recomendó a la comisión cameral que solicite un informe de cumplimiento a la Directoría de Urbanismo, creada mediante la Ley 212 de 2002, que está adscrita al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

Ello porque esa Directoría tenía que llevar a cabo, con la asesoría de la Junta de Planificación y los alcaldes, un plan para coordinar e implantar proyectos que ayudaran a la rehabilitación de los centros urbanos.

‘Sería conveniente solicitar a esta oficina que rinda un informe a la Asamblea Legislativa sobre los resultados de sus funciones, planes de rehabilitación y la ejecución de los mismos, ya que han transcurrido doce años desde la aprobación de la ley que la creó’, recomendó el Secretario de la Vivienda.

El presidente de la Federación de Alcaldes, Héctor O’Neill, dijo que este asunto se viene discutiendo hace décadas sin que se vea ningún fruto.

‘El asunto bajo discusión con la presente resolución pudiera catalogarse como crónica de una muerte anunciada… estamos una vez más, realizando aun otro estudio sobre una materia de la que no terminamos de graduarnos’, dijo el Alcalde de Guaynabo, quien se expresó esperanzado en que esta vez no se repitan los errores de esfuerzos anteriores con el mismo objetivo.

El ejecutivo municipal planteó que antes de seguir legislando incentivos y exenciones contributivas hay que investigar por qué los funcionarios electos, incluyendo los alcaldes y alcaldesas, no residen en los cascos urbanos de los ayuntamientos.

‘La pregunta que debe hacerse el legislador, antes de incursionar en un safari de búsqueda de incentivos es: Por qué con esos incentivos el legislador no se mudó al casco urbano?’, planteó O’Neill en su ponencia en la que dejó establecido que con la enorme cantidad de automóviles en la isla, lo primero que se tiene que pensar para rehabilitar los centros urbanos es la construcción de espacios de estacionamientos en los mismos.

Datos del Censo de 2010, revelan que de los 78 municipios de la isla, 68 han perdido hasta un 44% de su población.

De acuerdo con el secretario del DTOP, Miguel Torres, la Directoría de Urbanismo tiene bajo sus jurisdicción a 65 de los 78 ayuntamientos e impactó 27 municipios con distintos proyectos de mejoras capitales entre el 2002 y 2009.

Torres recabó que se mantengan los fondos destinados a la Directora para cumplir con sus deberes ministeriales.

‘Estimamos que con un presupuesto de $20 millones podemos iniciar las labores de reacondicionamiento de los trabajos existentes. Esta inversión es necesaria para que no se malogre el trabajo realizado, que ha fomentado una mejoría en la calidad de vida de la ciudadanía’, indicó Torres.