Como parte de los procesos judiciales que sometió la Liga Ecológica contra el Municipio de Aguadilla y Caribbean Management Group, Inc. (CMG), para solicitar un cese y desista a la construcción de una vía que llevará al complejo hotelero Columbus Landing Resort en Playuela, el Tribunal de Primera Instancia de este ayuntamiento resolvió que primordialmente es necesario resolver asuntos de jurisdicción sobre este proceso.

La resolución se dio por voz de la jueza Miriam Santiago Guzman, quien además concedió cinco días a las partes para reaccionar a la desestimación del cese y desista que sometió la parte demandada (CMG) durante el día de ayer, y que a penas hoy, viernes, tuvo en su poder la parte demandante (Liga Ecológica).

El marco de la jurisdicción en este caso estuvo rodeado de argumentos que según la parte demandante, por voz de la licenciada Verónica González, conceden al Tribunal la oportunidad de emitir resolución sobre el caso por disposición de los artículos 14.1 y 14.2 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico.

No obstante, tomando en cuenta estos mismos artículos, Luis Sánchez, abogado del ayuntamiento consideró que la jurisdicción sobre el caso que lleva a consideración la construcción de la carretera en Playuela es un asunto que le compete trabajar al municipio. Según dijo, Aguadilla ya realizó el proceso correspondiente ante la solicitud de los demandantes.

‘Esos mismos artículos establecen que se debe recurrir primero al municipio ante cualquier duda. Ellos (los demandantes) fueron al municipio y el municipio atendió su preocupación. Lo que pasa es que no quedaron satisfechos con lo que estableció el municipio (que los permisos para la construcción de la vía en Playuela son validos y fueron dilucidados bajo el marco de la ley) y por eso recurren a este honorable tribunal’, sentenció Sánchez.

Asimismo, CMG, avaló las declaraciones del ayuntamiento y declaró que, ‘aquí se pretende dejar sin efecto la decisión del municipio y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), pero el DRNA no está aquí, nunca se les ha citado’.

Ante estas declaraciones, Omar Saade, abogado de la Liga Ecológica, solicitó al tribunal que le permita emitir prueba que desarrolle el asunto más allá de la jurisdicción. La petición de Saade tiene como fin comprobar que la construcción podría repercutir en el ambiente y por ende la flora y la fauna del lugar, amparándose en que los permisos de construcción fueron emitidos hace más de 20 años y en el tiempo transcurrido se han desarrollado más especies en el lugar.

Por su parte, los artículos citados establecen que, ‘[e]n aquellos casos en que la propiedad en controversia esté ubicada en un Municipio Autónomo, … la querella deberá ser presentada en el Municipio que haya otorgado el permiso’.

Sin embargo, la ley agrega que el municipio debe responder en un máximo de 15 días, particular que aseguran realizaron. No obstante, si este no fuera el caso, como asegura la Liga Ecológica y el ayuntamiento ‘no actúa en el término de quince (15) días laborables aquí dispuesto, el querellante podrá acudir al Tribunal de Primera Instancia a solicitar los remedios antes mencionados’.

Sobre ambos particulares, la jueza emitirá resolución en los próximos días. Sin embargo, adelantó que ‘lo que se está discutiendo en esta sala es sobre el permiso de la carretera interior en Playuela, no sobre el proyecto. El proyecto yo no lo tengo ante mi consideración, por lo que no puedo aceptar ni evaluar prueba alguna’.

De otro lado, antes de dar inicio la vista, vecinos del área de Playuela se manifestaron frente al Tribunal de Primera Instancia. Con cánticos y carteles, alrededor de una veintena de manifestantes gritaban ‘cueste lo que cueste Playuela no se vende’.

A su vez, Rafael Boglio, residente del lugar, indicó que el proyecto y la vía pretenden ‘hacer daño a las especies, a nosotros como residentes y al área ecológica’. De igual modo, indicó que la comunidad está dispuesta a realizar desobediencia civil y utilizó a residentes del municipio de Peñuelas como ejemplo en su labor por frenar el depósito de cenizas en su vertedero.

Sin embargo, al arribo a la sala 404 de este tribunal, la misma ocupaba residentes en contra del proyecto y otros que con camisas decían ‘residentes de Playuela dicen sí’, avalaban la construcción.