El presidente del Senado, Eduardo A. Bhatia se expresó en la tarde del martes en relación a la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico que declaró inconstitucional la racien aprobada Ley 18 del 2013.

‘El Tribunal Supremo decidió hoy abrogarse poderes que no tiene y atacó sin justificación alguna una ley aprobada válidamente por la Asamblea Legislativa para garantizarle a toda persona el derecho de tener su día en corte y de presentar prueba durante los procesos judiciales.

Al declarar inconstitucional la Ley 18 del 15 de mayo de 2013, la mayoría del Tribunal Supremo actúa por encima la Constitución y en contra de las disposiciones expresas del Artículo V, Sección 5 de la Constitución del Estado Libre Asociado: ‘El Tribunal Supremo, cada una de sus salas, así como cualquiera de sus jueces, podrá conocer en primera instancia de recursos de habeas corpus y de aquellos otros recursos y causas que determinen por ley’ (énfasis suplido).

Precisamente, es la Asamblea Legislativa la que determina las leyes. Es lamentable que cinco jueces del Tribunal Supremo desafíen la democracia y se abroguen poderes que constitucionalmente no les corresponden. Sus acciones son un intento irresponsable de legislar desde el estrado y de usurpar las funciones constitucionales de la rama legislativa. Con su resolución, la nueva mayoría quiere tener poderes ilimitados que ni siquiera tiene el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Más insólito aún es la disparatada acción de utilizar ‘motivaciones’ como base para declarar inconstitucional una ley. Esta resolución es un asalto jurídico e irá a la historia como un intento adicional de destruir la justicia en Puerto Rico.

El poder de legislar tiene que estar sometido al voto del pueblo cada cuatro años, sino es una dictadura’, finalizó Bhatia.

Por su parte la expresidenta de la Cámara de Representante, Jenniffer González Colón reaccionó diciendo que ‘esa medida fue una descargada en el Senado y aprobada a altas horas de la noche en la Cámara sin evaluación y sin analisis juridico. Hemos consignado en reiteradas ocasiones la improvisación legislativa que impera en esta legislatura y como estas muchas determinaciones serán adversas para Puerto Rico. Eso pasa cuando se legisla a ciegas, sin análisis, ni evaluacion alguna, cuando se legisla de noche y de espalda al pueblo. Los poderes constitucionales son lo más sagrado de una democracia y aquí se están violentando’, reaccionó la portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón.

‘Una acción como la tomada y declarada inconstitucional por nuestro Tribunal lacera este principio y ahí los resultados que validan las expresiones que hizo nuestra delegación. Debe entonces servir para que lo que le queda a esta legislatura, procedan con responsabilidad y recordando que el pueblo lo está evaluando aunque piensen lo contrario’, acotó la expresidenta Cameral.

Reacciona García Padilla

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico lee en su Artículo V del poder judicial: ‘El Tribunal Supremo, cada una de sus salas, así como cualquiera de sus jueces, podrán conocer en primera instancia de recursos de hábeas corpus y de aquellos otros recursos y causas que se determinen por ley’.

‘Fue esto precisamente lo que hicimos con la aprobación de la Ley 18. Como Gobernador de Puerto Rico, estoy llamado a proteger los principios democráticos cobijados en la Constitución del Estado Libre Asociado, entre ellos aquel que reconoce la separación de poderes entre las ramas Ejecutivas, Legislativas y Judicial. Próximamente se presentara otra medida para que se determinen por ley, como ordena la Constitución, cuales son las circunstancias en las que el Tribunal Supremo atenderá un caso en jurisdicción primaria’, afirmó el mandatario.

Opina Perelló

‘La determinación del Tribunal Supremo de declarar inconstitucional la Ley 18 es un atentado a nuestra Constitución y una afrenta a la gestión de la Rama Legislativa. Es lamentable que motivaciones ajenas a su responsabilidad constitucional guíen a nuestro más alto foro judicial. Es inaceptable que el rol del Tribunal Supremo dentro de nuestra democracia haya sido seriamente trastocado y no se respete nuestro sistema de gobierno y la Constitución. Esta es una intromisión indebida e inexplicable pero continuaremos haciendo nuestro trabajo legislativo y cumpliendo nuestro deber constitucional en favor del pueblo puertorriqueño’.