Según la Fiscalía federal, Faría utilizó su posición en la agencia para presentar y aprobar solicitudes falsas a nombre de personas que creía fallecidas, mientras incorporaba sus propios datos bancarios y dirección postal para recibir los pagos correspondientes.
Las autoridades federales establecieron que, entre marzo de 2012 y marzo de 2024, la convicta se apropió de aproximadamente $1,812,455.10 correspondientes a beneficios de retiro, sobrevivientes y pagos auxiliares a los que no tenía derecho. Archivo/NotiCel.
La exempleada de la Administración del Seguro Social Myrna Faría, también conocida como Myrna Oliveras Santiago, fue sentenciada a cuatro años de prisión por apropiarse de más de $1.8 millones mediante reclamaciones fraudulentas de beneficios federales.
Según la Fiscalía federal, Faría utilizó su posición en la agencia para presentar y aprobar solicitudes falsas a nombre de personas que creía fallecidas, mientras incorporaba sus propios datos bancarios y dirección postal para recibir los pagos correspondientes.
La jueza federal Gina Méndez Miró impuso una sentencia de 48 meses de prisión, un año de libertad supervisada, una multa de $200,000 y la restitución de $1.814,167 a la Administración del Seguro Social. La convicta quedó inmediatamente bajo custodia del Negociado Federal de Prisiones para comenzar a cumplir su condena.
De acuerdo con la prueba presentada durante el juicio, Faría trabajó en la Administración del Seguro Social desde aproximadamente 1991 hasta 2019, desempeñándose como especialista en seguros sociales y reclamaciones en la Unidad de Apoyo de Trabajo de San Juan.
Las autoridades federales establecieron que, entre marzo de 2012 y marzo de 2024, la convicta se apropió de aproximadamente $1,812,455.10 correspondientes a beneficios de retiro, sobrevivientes y pagos auxiliares a los que no tenía derecho.
Durante ese periodo, Faría presentó y aprobó 13 reclamaciones fraudulentas, mediante las cuales obtuvo fondos que posteriormente retiró, transfirió y utilizó para gastos personales, según la investigación.
La exempleada fue acusada el 6 de marzo de 2024 y arrestada ocho días después. El 24 de junio de 2026, un jurado federal la encontró culpable de apropiación de fondos del Seguro Social, uso indebido de beneficios y robo de identidad agravado, luego de un juicio que se extendió durante una semana.
La investigación estuvo a cargo de la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, con la colaboración de la Policía de Puerto Rico.
El procesamiento judicial estuvo a cargo de los fiscales federales especiales auxiliares Vanessa Bonano Rodríguez y Niranjan Emani.
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