No es identificaron contratos o adjudicaciones en los que Karla Mercado Rivera hubiese intervenido en contravención a las prohibiciones aplicables, ni información que sustentara acusaciones por tráfico de influencias, beneficios indebidos o uso de información confidencial.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó el jueves no designar un fiscal especial independiente para investigar a la administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado Rivera, por señalamientos de corrupción y conflicto de intereses relacionados con su matrimonio con Anthony Maceira Zayas.

“Esos elementos, considerados junto con la documentación y las declaraciones recopiladas, reflejan un mecanismo preventivo previamente adoptado y acogido por la OEG, delegaciones compatibles con su cumplimiento y testimonios que no identifican una intervención indebida de la Lcda. Karla G. Mercado Rivera”, establece la resolución del Panel.

La determinación se produjo luego de una investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, que no identificó actuaciones contrarias a los mecanismos de inhibición establecidos por Mercado Rivera ni evidencia de que utilizara su cargo para obtener beneficios ilegales.

Según el PFEI, la querella anónima no identificaba una subasta, solicitud de propuestas, cotización o procedimiento de contratación específico en el que hubiese ocurrido un acto de corrupción. Tampoco señalaba fechas de posibles delitos ni testigos con conocimiento directo de los hechos.

Durante la investigación se examinó una comunicación atribuida a una persona identificada como Eliezer Molina. Sin embargo, el senador Eliezer Molina negó públicamente haber enviado el documento y posteriormente presentó una petición de información en el Senado para conocer la identidad del remitente.

La DIPAC solicitó información a Google y realizó gestiones con su Oficina de Informática. Los resultados identificaron una dirección de internet asociada con un servidor de red privada virtual (VPN) ubicado en Londres, Inglaterra, y un registro relacionado con un proveedor de servicios en el Estado de Palestina.

Esas gestiones no permitieron establecer la identidad ni la ubicación física de quien envió la comunicación, por lo que la investigación continuó bajo la clasificación de querella anónima.

Como parte de la pesquisa, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) certificó el 20 de mayo de 2026 que Mercado Rivera había presentado dos comunicaciones relacionadas con su vínculo con Maceira Zayas.

En la primera, la funcionaria informó su entonces relación de noviazgo y estableció un mecanismo de inhibición para no intervenir en asuntos relacionados con Maceira Zayas, independientemente de que compareciera ante la ASG como ciudadano, abogado, cabildero o en cualquier otra función.

El mecanismo también estableció una línea de delegación para atender esos asuntos y prohibió que se consultara o solicitara información a Mercado Rivera sobre gestiones comprendidas en su inhibición.

Posteriormente, la administradora notificó que había contraído matrimonio con Maceira Zayas y reiteró las restricciones previamente establecidas. La OEG determinó que ambas comunicaciones cumplían con sus parámetros y ordenó incorporarlas al Registro de Mecanismos de Inhibición.

La investigación examinó posibles violaciones a los artículos 253 y 254 del Código Penal, relacionados con negociaciones incompatibles con el ejercicio del cargo público e intervención indebida en procesos de subastas.

El informe tampoco identificó contratos o adjudicaciones en los que Mercado Rivera hubiese intervenido en contravención a las prohibiciones aplicables, ni información que sustentara acusaciones por tráfico de influencias, beneficios indebidos o uso de información confidencial.

“Frente a ello, las alegaciones no corroboradas no precisan una operación, actuación, beneficio o gestión de influencia que permita establecer el alto grado de probabilidad requerido para designar un Fiscal Especial Independiente”, concluyó el Panel.

En consecuencia, el PFEI ordenó el archivo del asunto.