Ética destapa presunto esquema de influencia indebida.

En un giro que ha preocupado a la esfera regulatoria del cannabis medicinal en Puerto Rico, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) ha presentado una querella contra Adair Emilio Pérez Torres, exinspector de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal (“Junta Reglamentadora”), por alegadas violaciones al Artículo 4.6(b) de la Ley 12012.

En su acusación la OEG sostiene que Pérez Torres habría utilizado su acceso, su conocimiento interno y su autoridad previa para beneficiar a una empresa y representarla ante la misma Junta que antes fiscalizaba.

La querella detalla que Pérez Torres trabajó como Inspector desde marzo de 2021 hasta septiembre de 2025, realizando funciones equivalentes a las de un inspector de carrera del Departamento de Salud. El querellado fiscalizaba cultivos, manufacturas, dispensarios, inspeccionaba decomisos y cierres, conducía investigaciones administrativas, verificaba inventarios de cannabis, se aseguraba de verificar las medidas de seguridad, confirmaba trámites de licencias, y realizaba notificaciones de infracciones entre otras funciones. Su rol era uno de alto acceso, alta sensibilidad y alta responsabilidad.

Pero, según la OEG, apenas salió del puesto, el exinspector ignoró las prohibiciones impuestas por la Ley 12012 que limitan a los exfuncionarios a utilizar su conocimiento interno, contactos y autoridad previa para beneficiar intereses privados. Según la querella, Pérez Torres no tan solo comenzó a laborar con una ente regulado por la agencia donde trabajó, sino que los empezó a representar ate la Junta Regulatoria de Cannabis Medicinal. Según la ley, “un exservidor público no puede, durante los dos (2) años siguientes a la fecha de terminación de su empleo gubernamental, ofrecer información, intervenir, cooperar, asesorar en forma alguna o representar, directa o indirectamente, a una persona privada, negocio o entidad pública, ante la agencia para la que laboró.”

Lo contrata una compañía regulada
La empresa Conceptos Corp., dedicada a la industria del cannabis medicinal, sometió en 2025 una solicitud para certificarse como proveedor autorizado de educación continua. En los documentos entregados a la Junta Reglamentadora, Pérez Torres aparecía como Director Académico, Instructor Principal e Instructor Técnico. Su resumé, certificados y diplomas fueron enviados como parte del expediente presentado por la empresa, no solo como un recurso de la empresa, sino como su figura principal.

El 28 de enero de 2026, Pérez Torres compareció personalmente ante la Junta Reglamentadora en representación de Conceptos Corp. En esa visita, el querellado entregó documentos, llamó a inspectores, contactó a la directora ejecutiva y presionó para que la solicitud sometida fuera diligenciada con rapidez. Semanas después, Pérez Torres acudió a la oficina del Secretario de Salud, Dr. Víctor Ramos alegando retrasos inaceptables en el proceso.

En adición, el 25 de febrero de 2026, el imputado envió un correo electrónico a una empresa regulada por la Junta Reglamentadora ofreciendo servicios de consultoría, destacando su experiencia como exinspector.

En la querella, la OEG deja entrever que las acciones no fueron casuales ni aisladas y por el contrario fueron gestiones deliberadas, repetidas y dirigidas a influir en la agencia donde trabajó durante el periodo prohibido por ley.

La OEG solicita la imposición de la multa máxima permitida por ley por cada infracción demostrada. Además, pide que se ordene la retención de fondos acumulados del exinspector en el Departamento de Hacienda, la Junta de Retiro, AEELA y otros sistemas públicos, hasta completar el pago de las sanciones.