«Hay instituciones cuyo deterioro se mide en estadísticas. El del Departamento de la Familia se mide en vidas», afirma el doctor en trabajo social Larry Emil Alicea Rodríguez.

Hay instituciones cuyo deterioro se mide en estadísticas. El del Departamento de la Familia se mide en vidas. En las últimas semanas, el país ha visto morir a un niño de cuatro años en un hogar de crianza. Llevaba apenas cuatro días en esa ubicación y casi un mes separado de su madre. En septiembre, un adolescente de 16 años que se había evadido de un hogar en Santurce fue asesinado. No son tragedias aisladas: son síntomas de una institución que colapsó.

El Departamento de la Familia atiende las situaciones sociales más complejas del país: el maltrato y la negligencia hacia las niñeces y las personas adultas mayores. También gestiona la asistencia alimentaria a las familias, las ayudas a personas que crían y la educación temprana. Es la primera respuesta ante la violencia que atraviesa a las familias, así como ante el empobrecimiento que nuestra estructura económica produce y reproduce. Es la última red de protección para quienes ya no tienen otra. Cuando esa red se rompe, no cae solo una agencia. Caen las poblaciones vulnerabilizadas que dependen de ella.

Y la red se está rompiendo. Una investigación periodística documentó que, desde septiembre, menores bajo custodia del Estado duermen días y hasta semanas en oficinas de varias regiones. No hay hogares sustitutos ni instituciones disponibles. Las trabajadoras sociales los cuidan en turnos de hasta doce horas y pagan de su bolsillo la comida, la ropa interior y los artículos de higiene. La agencia tiene 851 profesionales del trabajo social para todo el país, con cargas que duplican el estándar federal y un salario base precarizado de $2,850.

Esta precarización tiene consecuencias. Cada plaza vacante, cada vehículo que no existe y cada hogar de crianza que cierra se traducen en una visita que no ocurre, un servicio que no se presta, un referido que no se investiga y una criatura que duerme en una oficina. La precarización no es un asunto administrativo: es violencia institucional.

Mientras tanto, la alta gerencia parece tener otras prioridades. El Departamento de Justicia investiga presuntas presiones para otorgar un contrato de $38.5 millones a una empresa estadounidense. El Senado cuestiona otro contrato de $355,646 con una fundación española, precedido de un viaje oficial a Sevilla. Las niñeces duermen en oficinas, mientras los contratos miran hacia Sevilla y Nueva Orleans.

¿Por qué buscar afuera lo que el país ya tiene? Puerto Rico cuenta con escuelas de trabajo social de larga trayectoria, organizaciones comunitarias con décadas de experiencia y personas egresadas que esperan ser contratadas. ¿Cuántos hogares de crianza, cuántas amas de llaves y cuántas plazas de trabajo social cabrían en esos contratos que no hacían falta?

Es fácil señalar a una trabajadora social cuando algo falla. Responsabilizar a la primera línea mientras la gerencia se defiende de investigaciones es invertir la rendición de cuentas. Octubre es el Mes del Profesional del Trabajo Social. El Departamento de la Familia es la segunda agencia que más profesionales del trabajo social emplea en el país. Por tanto, no hay homenaje más honesto que exigir la reconfiguración de esta agencia. Eso significa presupuesto protegido, salarios dignos, cargas de casos razonables, hogares suficientes y una dirección centrada en las poblaciones atendidas. Honrar el trabajo social no es repartir placas. Es devolverle a la profesión las condiciones para hacer lo que sabe hacer: acompañar para transformar.

La reconfiguración del Departamento de la Familia es la emergencia social más apremiante del país. La agencia llamada a proteger a las personas más vulnerabilizadas, hoy está en su momento de mayor fragilidad. O transformamos el Departamento de la Familia ahora, o seguiremos analizando tragedias que se pudieron evitar.