La reciente decisión del Tribunal Supremo que revierte la doctrina sobre la aplicación de la Cláusula de Comercio de la Constitución de Estados Unidos en Puerto Rico es una mala noticia para la ya maltratada industria local puertorriqueña.

Desde 1960, el Tribunal Supremo de Puerto Rico había interpretado que aquí no aplica la disposición constitucional que impone a las jurisdicciones mayores límites en la implementación de sus políticas económicas, en cuanto esas políticas afecten los productos que vienen de otros estados.

Esto hasta el viernes pasado, cuando se publicó una opinión del juez asociado Roberto Feliberti que resuelve que esas disposiciones aplican a la isla y que, por lo tanto, el gobierno local no puede crear leyes que impongan a productos de afuera condiciones que afecten sus posibilidades de mercadearse en Puerto Rico.

El caso gira en torno a una demanda por cobro de dinero que había entablado Northwestern Selecta, importadora de carne de res, por negarse a aportar al Fondo para el Fomento de la Industria de Carne de Res. La alegación de la compañía era que ese cobro era inconstitucional pues el dinero del fondo es utilizado para promover la industria nativa, a través de una campaña publicitaria.

Entonces, las empresas de otros estados podrán alegar discrimine si aquí se legisla en favor de la industria local imponiendo algún tipo de barrera a lo que llega de otros territorios estadounidenses.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico, Vicente Sánchez, ‘la noticia no es agradable porque obstaculiza, nos hace más difícil la competencia en nuestro medio’.

Sánchez es enfático al establecer que no se busca el desarrollo de la industria local creando barreras para los productos importados, ‘creemos en la competencia’.

‘Lo que pasa es que para nosotros, en la industria local que tenemos, para el desarrollo de nuestras empresas es difícil por las leyes que nos regulan, las condiciones de costos de energía, las leyes laborales que no propician la productividad, el salario mínimo; nos dificultan el desarrollo en una competencia sana con otros productos’, consideró.

‘Nuestro reclamo no es a imponer barreras, es que nos den apoyo, el sector público y el sector privado, que a veces no entienden la necesidad. Se han hecho muchas leyes para darle preferencia a los productos de aquí, pero no se cumplen. Nosotros no tenemos los recursos que muchos de los productos de afuera y eso es una barrera para nosotros’, insistió.

El Presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico indicó que los asesores legales de la organización determinarán si la nueva doctrina es revertible. De lo contrario, ‘tendremos que trabajar con ello’.

Comoquiera, apuntó, la solución es que la gente se concientice sobre la importancia de apoyar la industria local. ‘A veces vemos una oportunidad de precio que a largo plazo nos va a traer consecuencias negativas. Si patrocinamos lo importado estamos aportando a empleos en otros lugares. Por eso, la solución es la comprensión de nuestra realidad económica, que apreciemos lo que hacemos aquí. Se nos va la vida en la industria local’.

De acuerdo con Sánchez, si no hubiera habido la reclamación y el pleito entre el Departamento de Hacienda y Northwestern Selecta, la cláusula que ahora aplica en Puerto Rico se hubiera quedado como hasta ahora. El peligro de la nueva doctrina, según describe, es que también hayan aplicaciones similares en otros productos que tienen otro grado de protección.