Varios grupos habían denunciado que determinadas organizaciones privadas tuvieron acceso al documento antes de su presentación oficial, mientras comunidades, especialistas y organizaciones ambientales quedaron fuera de esa etapa de evaluación.

Por encima de la objeción de múltiples organizaciones que acceso al documento y tiempo para evaluarlo, incluso participar en vistas públicas, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, bajó a discusión hoy en el hemiciclo n proyecto sustitutivo que establecería un nuevo Código de Planificación y Permisos en Puerto Rico y reemplazaría el Permiso Único por un Registro de Uso, mediante el cual determinadas actividades podrían comenzar con una declaración sujeta a fiscalización.

Figuras como el abogado Pedro Saadé, el Sierra Club Puerto Rico y el ecólogo Ariel Lugo se expresaron en días recientes sobre la necesidad de que se discutiera la medida, que solo había sido compartida con ciertos grupos de interés, según denunciaron.

“Desde el inicio establecimos que esta reforma tenía que atender los problemas reales que enfrentan los ciudadanos, los profesionales y quienes desean construir, invertir o establecer un negocio en Puerto Rico. No se trata de cambiar una ley por otra, sino de transformar un sistema que durante años ha estado marcado por la burocracia, la incertidumbre y los atrasos. Queremos reglas claras, procesos ágiles y un gobierno que confíe en el talento de sus profesionales y tenga la capacidad de fiscalizar con eficacia”, expresó Rivera Schatz en declaraciones escritas.

La medida sustituye los Proyectos del Senado 1173 y 1183 y propone reunir en un solo código disposiciones actualmente distribuidas entre más de 50 leyes y 46 instrumentos legales y administrativos.

Entre los cambios figura la creación de un Permiso de Construcción Consolidado, un expediente digital único por proyecto y términos definidos para que las agencias atiendan las solicitudes.

El sustitutivo también contempla eximir de permisos determinadas remodelaciones y reconstrucciones de viviendas existentes que representen riesgos bajos o moderados, siempre que cumplan con requisitos de seguridad y certificación profesional.

Para los profesionales autorizados, la propuesta establece mecanismos de autocertificación acompañados de auditorías, inspecciones y sanciones por incumplimiento. Según Rivera Schatz, el texto también preserva la autonomía municipal e incorpora disposiciones relacionadas con la protección ambiental y la planificación territorial.

La radicación ocurre en medio de reclamos de más de 60 organizaciones, planificadores y ciudadanos que solicitaron a los presidentes del Senado y la Cámara hacer público el borrador del sustitutivo y celebrar nuevas vistas públicas sobre su contenido.

Las nuevas vistas públicas nunca se celebraron.

Los grupos habían denunciado que determinadas organizaciones privadas tuvieron acceso al documento antes de su presentación oficial, mientras comunidades, especialistas y organizaciones ambientales quedaron fuera de esa etapa de evaluación.

Rivera Schatz sostuvo que la preparación de la medida incluyó consultas con la Asociación de Constructores de Puerto Rico, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, la Asociación de Contratistas Generales, el Centro Unido de Detallistas y la Cámara de Comercio, entre otras entidades.

“Son los profesionales que conocen de primera mano las dificultades del sistema y quienes tienen que lidiar diariamente con sus trabas. Sus conocimientos y recomendaciones fueron fundamentales para elaborar esta propuesta. Escuchamos sus planteamientos, evaluamos sus recomendaciones y agradecemos su colaboración durante este proceso”, sostuvo el presidente senatorial.

Según los datos ofrecidos por el Senado, la comisión legislativa celebró cinco vistas públicas entre abril y mayo de 2026, recibió aproximadamente 160 memoriales explicativos y examinó cerca de 50 leyes relacionadas con los permisos.

En esas vistas participaron representantes del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y los departamentos de Justicia, Salud y Vivienda, además de representantes municipales y organizaciones ambientales y comunitarias.

No obstante, los sectores que reclamaron mayor participación habían planteado que esas vistas correspondieron a versiones anteriores de la legislación y solicitaron una nueva oportunidad para examinar el contenido del sustitutivo.

“Un sistema de permisos no puede depender del criterio particular de cada funcionario ni de requisitos que el ciudadano desconoce. Las reglas tienen que estar escritas, ser accesibles y aplicarse de manera uniforme. La responsabilidad del gobierno es facilitar el cumplimiento de la ley, no convertir cada trámite en un obstáculo”, afirmó Rivera Schatz.

Con la radicación del informe y del proyecto sustitutivo, la propuesta continuará su trámite en la Asamblea Legislativa.