La legisladora también pidió investigar si LAP Consulting Group facturó o recibió pagos por servicios que no estaban reconocidos en su contrato al momento de prestarlos.

La denuncia plantea que la secretaria de la Familia delegó esas funciones en LAP Consulting Group, a pesar de que la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) contaba con un comité evaluador de propuestas para los fondos del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF), integrado por profesionales de la agencia con experiencia en fondos federales.

“Estamos solicitando que se investigue por qué se recurrió a un contratista cuando la agencia contaba con un comité evaluador y, sobre todo, bajo qué autoridad contractual se prestaron esos servicios. El uso de fondos públicos exige contratos claros, justificación y cumplimiento con la ley”, expresó Álvarez Conde.

Según los señalamientos presentados, el contrato de LAP Consulting Group vigente al momento de realizar la evaluación no incluía una cláusula que reconociera el servicio de “Evaluación de Propuestas y Procesos Competitivos”. Esa disposición se incorporó en la renovación contractual de julio de 2026, meses después de haberse realizado el proceso.

“Añadir una cláusula meses después no contesta la pregunta fundamental: ¿qué autorizaba al contratista a realizar ese trabajo cuando lo hizo? Corresponde examinar el contrato vigente, las instrucciones impartidas, las facturas y cualquier desembolso relacionado”, sostuvo la senadora.

Álvarez Conde señaló que la Ley 237 de 2004 establece requisitos para la contratación de servicios profesionales y consultivos, entre ellos la identificación precisa de los servicios contratados y la justificación de recurrir a recursos externos ante necesidades extraordinarias o falta de peritaje dentro de la agencia. La denuncia solicita evaluar si la contratación y los servicios prestados cumplieron con esos requisitos.

La legisladora también pidió investigar si LAP Consulting Group facturó o recibió pagos por servicios que no estaban reconocidos en su contrato al momento de prestarlos, así como identificar la fuente de los fondos utilizados. Indicó que estos señalamientos se suman a las interrogantes sobre los gastos de fondos TANF relacionados con el viaje a Nueva Orleans.

“Los fondos TANF tienen una finalidad dirigida a atender las necesidades de familias vulnerables. Cada dólar debe utilizarse conforme a las normas aplicables. Por eso, necesitamos esclarecer quién autorizó los servicios, si se facturaron, si se pagaron y qué justificación existía para delegar una función que la agencia tenía capacidad de realizar”, afirmó.

Álvarez Conde reiteró que corresponde a los organismos fiscalizadores examinar la documentación y determinar si hubo incumplimientos o responsabilidades administrativas.