Confirmado el déficit de 850 megavatios y aumento del riesgo de apagones.

Puerto Rico continúa operando al borde de una crisis de generación eléctrica que las autoridades conocen desde hace más de un año, pero que todavía no ha sido resuelta. Documentos oficiales presentados ante el Negociado de Energía revelan que el sistema mantiene un déficit estructural estimado entre 700 y 850 megavatios (MW), mientras los eventos de relevo de carga continúan ocurriendo y el margen disponible para enfrentar una nueva falla de generación permanece peligrosamente reducido.

La información adquiere especial gravedad porque proviene de documentos contenidos en el expediente oficial del Negociado de Energía, dentro del proceso de estabilización de la red eléctrica. El expediente refleja que el regulador ha tenido que ordenar repetidamente a las entidades responsables actualizar sus análisis sobre la necesidad de generación adicional.

El dato que más llama la atención es el déficit de entre 700 y 850 MW identificado en los análisis preparados por LUMA. En términos prácticos, se trata de una cantidad de generación suficientemente grande como para representar una diferencia crítica entre un sistema que puede operar con márgenes razonables y uno que queda expuesto a interrupciones cuando una unidad importante sale de servicio o la demanda aumenta inesperadamente.

El informe establece que el problema de generación pasó de ser estimados y proyecciones y se ha convertido en la realidad diaria. Hasta agosto se habían registrado 16 eventos de relevo de carga. Es decir, la insuficiencia de generación ya se ha traducido en medidas operacionales para mantener la estabilidad del sistema.

El propio Negociado de Energía reconoció la necesidad de revisar nuevamente la situación. En una resolución emitida en agosto, el regulador de energía ordenó a LUMA presentar una evaluación actualizada sobre la cantidad de generación temporera que necesita actualmente el sistema, precisamente porque las condiciones de disponibilidad de las unidades generatrices han cambiado. La orden exige identificar las unidades que han regresado a servicio, las que permanecen fuera de operación y aquellas que han sufrido nuevas averías o extensiones en sus períodos de indisponibilidad.

La advertencia del regulador establece que, “la necesidad de generación temporera debe evaluarse a base de las condiciones actuales del sistema”, establece la resolución, al advertir que desde los análisis anteriores algunas unidades pudieron haber sido reparadas, regresar a servicio, sufrir nuevas averías o experimentar cambios en su capacidad.

El Negociado dejó claro que no se puede contar como disponible aquella capacidad vinculada a contratos que todavía no hayan completado todos los trámites y recibido las aprobaciones correspondientes.

La crisis tampoco puede analizarse mirando únicamente la capacidad instalada. Puerto Rico puede tener megavatios nominalmente instalados y, al mismo tiempo, carecer de suficientes megavatios disponibles para responder a la demanda de los consumidores. .

LUMA publica diariamente sus informes de disponibilidad de generación, conocidos como BPS, que permiten observar el estado de las unidades, la generación disponible y proyectada, las reservas y otros indicadores operacionales. Esa información pública demuestra que la situación del sistema cambia diariamente y que una cantidad determinada de generación disponible en un momento específico no garantiza que exista un margen suficiente para enfrentar la salida repentina de una unidad.

La respuesta no puede limitarse a mirar cuánto genera el sistema en un día normal. Hay que preguntarse qué ocurre cuando una unidad grande falla, cuando varias unidades están fuera de servicio simultáneamente o cuando la demanda alcanza niveles superiores a los proyectados. Es precisamente en esos escenarios donde el déficit estructural identificado adquiere consecuencias concretas para los consumidores.

Los análisis anteriores habían determinado que incorporar aproximadamente 800 MW de capacidad adicional podía mejorar sustancialmente la disponibilidad de generación. Incluso las proyecciones utilizadas por el regulador contemplaban escenarios de pérdida de carga que reflejaban el riesgo de que el sistema no pudiera satisfacer toda la demanda bajo determinadas condiciones.

Cada unidad que permanece fuera de servicio, o las unidades detenidas durante el proceso de reparación que se prolonga, o un aumento inesperado de la demanda, reduce el margen del sistema que ya opera con una deficiencia estructural reconocida.

LUMA no es propietaria ni operadora de las principales plantas generatrices. Su función dentro del modelo eléctrico incluye la operación del sistema de transmisión y distribución y el despacho de la energía disponible, mientras que la generación proviene de diferentes entidades.

El expediente del Negociado demuestra que el problema no apareció reciente. Desde 2025 existen análisis que identificaban la magnitud de la insuficiencia. Y en agosto de 2026 el regulador tuvo que volver a ordenar una evaluación porque las condiciones del sistema habían cambiado y era necesario determinar nuevamente cuánto recurso adicional hacía falta.

Eso plantea un asunto de responsabilidad pública que no puede ser escondido detrás de explicaciones técnicas.