Ayer la gobernadora Jenniffer González, sin hablar todavía con Colón sobre el asunto, rechazó ante la prensa que pusiera en entredicho la reputación del funcionario. En el mensaje Colón sale dando instrucciones para que se firmara el contrato con Power Expectations.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, sostuvo el jueves que debe investigarse un mensaje atribuido al zar de Energía, Josué Colón Ortiz, en el que habría solicitado a su asesor legal que gestionara con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la firma del fallido contrato de generación temporera con Power Expectations “a la brevedad posible”.

“Esa expresión que se hizo, eso debería ser parte de una investigación o presentarse en los tribunales”, dijo Peña Payano a preguntas de la prensa.

La postura oficial del gobierno la esbozó la gobernadora Jenniffer González al atender a la prensa en una actividad en Guaynabo. Entonces dijo que «todos los días hay una saga nueva», que sí las autoridades deben investigar, pero que no se desembolsaron fondos públicos. Además, negó que se ponga en entredicho la figura de Josué Colón, quien se desligó de la firma del contrato.

«No. Una cosa es que la política pública es que se hiciera una contratación para un ente de energía temporera, que fue a base de las recomendaciones y la declaración que hace esta firma privada (3PPO, de Osvaldo Carlo) que yo heredo por ley y otra cosa es la contratación», dijo González al asegurar ayer en la tarde que no había hablado con Colón sobre el mensaje de texto divulgado.

Hoy, Peña Payano insistió en que La Fortaleza no tuvo intervención en la evaluación ni adjudicación del contrato, proceso que atribuyó al Third Party Procurement Office (3PPO).

Además, se preguntó por qué Colón Ortiz, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y designado por la gobernadora como zar de Energía, habría enviado un mensaje a su asesor legal para que se comunicara con el abogado de la AEE y le indicara a la entonces directora ejecutiva de la corporación pública que el contrato debía firmarse “a la brevedad posible”.

Peña Payano evitó validar el contenido del mensaje y sostuvo que corresponde determinar su autenticidad y el contexto en el que se produjo.

“Yo sería irresponsable en entrar, en validar una alegación de esa parte o parte, porque eso va a estar pendiente en tribunales y en investigaciones. Así que esa contestación de si eso fue cierto o no, en el contexto en el que se da, debe contestarla el zar de Energía y, si se está investigando, que se continúe”, expresó.

Colón Ortiz no ha negado públicamente el mensaje, divulgado desde hace varios días.

Peña Payano respondió que debe examinarse el contexto de la comunicación, a quién se impartieron las instrucciones y las circunstancias en que ocurrió. “Deberían entonces ver en el contexto que se dijo, ciertamente quién maneja el teléfono, asumiendo que fueran ciertas expresiones, a quién le dan esas instrucciones”, sostuvo.

El secretario reiteró que cualquier señalamiento relacionado con esa comunicación debe formar parte de las investigaciones abiertas sobre el contrato.

“Si hay algo de eso que se esté investigando, como hemos dicho, cada una de las controversias públicas, que se investigue, que se continúe el proceso y que aquí no hay impunidad para nadie”, afirmó.

Minutos antes, Peña Payano había sostenido que el proceso de Power Expectations fue manejado por el 3PPO y que La Fortaleza no tuvo participación en la contratación.

“3PPO es el ente que recomienda, que evalúa Power Expectations y la otra compañía. […] Fortaleza no tiene nada que ver aquí”, expresó.

También señaló que la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón ordenó cancelar el contrato cuando surgió la controversia y que el asunto fue referido al Negociado Federal de Investigaciones y a otras entidades fiscalizadoras.

El contrato de generación temporera con Power Expectations fue cancelado luego de que surgieran controversias sobre la participación de las empresas vinculadas al acuerdo y actualmente es objeto de investigaciones estatales y federales.