Cuando la psicóloga industrial Blanca Rivera Nieves perdió su empleo a los 53 años por una jubilación forzosa, sus intentos por conseguir un empleo nuevo chocaron con el discrimen por edad y sus ahorros se agotaron luego de gastos de sobre $250,000 en salud, hogar y educación para ella y su hija.

El miércoles, la mujer de 66 años planteó su experiencia a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes como parte de una investigación sobre el impacto del envejecimiento poblacional en el mercado laboral y posibles acomodos razonables para el nuevo perfil de trabajadores.

“Esto no es teoría: es mi realidad. Y es la realidad de miles de puertorriqueños que quieren trabajar, pueden trabajar y están siendo rechazados por prejuicio, no por incapacidad”, manifestó al consignar que hoy tiene que mantener dos empleos.

La Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP) promovió la investigación cameral para que la Cámara recoja información con la que desarrollar políticas públicas sobre el aprendizaje continuo, o “lifelong learning”, dirigidas a promover la permanencia de personas de edad avanzada en la fuerza de trabajo ante las nuevas necesidades del mercado laboral.

“En una isla que envejece, con emigración juvenil sostenida y sin suficiente relevo generacional, el aprendizaje de por vida es la inversión más estratégica que puede hacer el país para mantener su productividad, sostenibilidad económica y dignidad laboral de su población”, afirmó José Acarón, director de AARP en la isla.

Añadió que el ahorro para el retiro es inaccesible para una proporción significativa de la fuerza laboral madura y que la realidad económica de Puerto Rico obliga a muchos adultos mayores a continuar trabajando para complementar sus ingresos, ya que un número considerable de ellos no puede planificar su retiro porque apoyan económicamente a sus familias.

Indicó que la Universidad de Puerto Rico (UPR) ya cuenta con la plataforma Aprendizaje para Toda la Vida, que ofrece adiestramientos y certificaciones de desarrollo profesional en línea, pero abogó para que el modelo se fortalezca y se inserte a una política pública. Recordó que el promedio de vida en Puerto Rico ha aumentado y, con ello, la expectativa de vida productiva.

En cuanto a las agencias del gobierno, la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, respaldó la creación de legislación encaminada a garantizar la accesibilidad y continuidad laboral del adulto mayor. Abogó también por la creación de guías de acomodo razonable por edad para patronos y programas de mentoría para transferencia de conocimiento.

La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos comentó que el marco legal de la agencia y el ordenamiento vigente reconocen mecanismos que permiten emplear a personas pensionadas mediante servicios profesionales que no constituyen un empleo regular. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos también detalló que maneja el Programa para el Empleo Prioritario de Gerontos dirigido a adultos mayores que no han cotizado los créditos mínimos para poder tener derecho a una pensión de seguro social. Y el Departamento de la Familia recomendó la evaluación de incentivos para que patronos establezcan programas de mentoría bidireccional.