Después de que el presidente cameral interviniera para alterar su marcha en medio del escándalo que rodeó el centro de inspección de la exsecretaria de Vivienda, Ciary Pérez Peña, el trabajo legislativo sobre el tema reanudó el miércoles con una vista sobre una medida que abre a la libre competencia la venta o arrendamiento del equipo necesario para hacer las inspecciones.

En otras palabras, prohibir la exclusividad y proveer una certificación abierta que permita establecer que cualquier fabricante o proveedor que cumpla con los estándares técnicos publicado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) podrá obtener certificación para proveer equipos de inspección.

A principios de año, la Comisión de Transportación e Infraestructura, presidida por el representante José Hernández Concepción, se aprestaba a profundizar sobre las irregularidades alrededor de Yabucoa Auto Services, de Pérez Peña y su familia, pero el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez intervino para detener el paso con la justificación de que se podía afecta el proceso criminal iniciado contra la exfuncionaria.

En junio, la Cámara aprobó referidos al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental que abarcan a exfuncionarios del DTOP, una treintena de centros de inspección, a Pérez Peña y a su centro de inspección. Además, recomendó a la Oficina del Inspector General que hiciera una auditoría sobre el proceso para adjudicar, y luego revocar, la instalación y operación de máquinas de inspección a la empresa Worldwide Environmental Products.

La vista del miércoles fue para el Proyecto de la Cámara 1279, que dispone que el DTOP promoverá la competencia y amplia participación de proveedores certificados de los equipos de inspección con la intención de “evitar el control monopolístico”. Actualmente, las máquinas de inspección fueron provistas por una empresa hace décadas. Con la movida que el DTOP iba a hacer con Worldwide, todos los centros tendrían que contratarle máquinas nuevas a Worldwide, así como su mantenimiento.

También, para prohibir a los funcionarios del DTOP alterar, reducir, negociar o dejar sin efecto multas o sanciones administrativas sin cumplir con los procedimientos formales establecidos en la legislación o en los reglamentos vigentes.

El secretario asociado del DTOP, Marco García, favoreció la legislación a la vez que informó que la agencia está en estos momentos revisando los procedimientos reglamentarios para corregir los señalamientos que se han hecho en el pasado. Informó que la agencia cuenta con un borrador “completo” de solicitud de cualificaciones (RFQ) que está preparado para publicarse luego que se incorporen los requisitos que puedan surgir por ley, como resultado de la medida bajo discusión y los comentarios de los dueños de los centros. Informó además que el DTOP también está en la redacción de un reglamento para regular los centros y enmendar el reglamento 9526 actual.

García afirmó que se habían reunido con estos dueños, pero Luis Carlo Crespo Ortiz, en representación del Centro Unido de Detallistas (CUD), apuntó que contrario a eso, la agencia no se ha sentado a discutir el tema.

La Alianza de Centros de Inspección por Puerto Rico (ACIPR) y la Asociación de Estaciones Oficiales de Inspección Unidas favorecieron la medida. Trajeron la atención al proceso del DTOP para llegar a Worldwide como potencial proveedor mediante arrendamiento exclusivo de equipos de inspección que firmaron en febrero del 2025, luego de lo cual fue cancelado en mayo del mismo año. Presentaron enmiendas para prohibir la exclusividad y proveer una certificación abierta que permita establecer que cualquier fabricante o proveedor que cumpla con los estándares técnicos publicado por DTOP podrá obtener certificación para proveer equipos de inspección.

Iván Rivera, asesor legal de Worldwide, recomendó que se estudie a fondo la viabilidad de la pieza, ante el hecho de que el mercado de Puerto Rico, en la que existen menos de 300 centros de inspección, puede no ser idóneo para que exista más de un proveedor, cuando en otras jurisdicciones continentales la cantidad ideal para es de al menos mil centros.