La isla, que tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo, suele defender las ejecuciones como una manera de mantener seguro el país y afirma que son disuasorias para el consumo de drogas, sin apoyarse en datos.

EFE – Las autoridades de Singapur ahorcaron este viernes a un hombre de 79 años, el decimosexto reo condenado por narcotráfico que es ejecutado en lo que va de año en la próspera isla, con el que bate el récord de 15 ejecuciones confirmadas oficialmente de 2025.

Se trata de una persona sin nacionalidad reconocida, a quien «se le garantizó el debido proceso y contó con representación legal durante el juicio y la apelación», según indicó la agencia antinarcóticos de la ciudad-Estado en un breve comunicado.

El texto señala, como es habitual, que las peticiones de clemencia del condenado al presidente de la isla -gobernada de manera semiautocrática por el Partido de Acción Popular (PAP) desde su independencia en 1965- «fueron denegadas».

«La pena capital se impone únicamente para los delitos más graves, como el tráfico de cantidades significativas de drogas que causan daños muy graves, no solo a los consumidores, sino también a sus familias y a la sociedad en general», concluye el escrito, que no especifica la cantidad de droga traficada en este caso.

La nación asiática tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta y contempla la pena de muerte a partir de un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana y 15 gramos de heroína, en procedimientos que ONG y activistas tachan de opacos.

Los ahorcamientos, el método que emplea Singapur, aumentaron en 2025 -15 confirmados por las autoridades, mientras las ONG hablan de 17-, superando el récord previo del que tienen constancia grupos, entre ellos Amnistía Internacional (AI): 13 en 2003.

En lo que va de 2026, según la agencia nacional antinarcóticos, se ha ahorcado a 12 ciudadanos de Singapur, tres de la vecina Malasia y el ejecutado este viernes, con edades que oscilan entre los 32 y los 79 años.

Se desconoce la identidad de la mayoría de los ejecutados.

La isla, que tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo, suele defender las ejecuciones como una manera de mantener seguro el país y afirma que son disuasorias para el consumo de drogas, sin apoyarse en datos.

Solo en 2025, la Policía detuvo a 3,208 personas por posesión y tráfico de drogas, la mitad menores de 30 años de edad, incluido un niño de 12 años, según datos oficiales.