Junta de Gobierno y la gerencia autorizaron dos inversiones ilegales por $80 millones en fondos de capital privado. Además, 29 minutas de reuniones de la Junta celebradas entre 2019 y 2023 no aparecen. Igualmente contrataron a un asesor de inversiones sin registrar en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

La Contralora de Puerto Rico, CPA y Lcda. Carmen Vega Fournier, informó ayer los resultados de una auditoría de cumplimiento de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), durante
el periodo del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2024.  Este informe refleja una opinión adversa que contiene cinco hallazgos del resultado del examen realizado; tres hallazgos de otros asuntos encontrados y dos comentarios especiales.

La auditoría determinó que la Junta de Gobierno y la gerencia autorizaron dos inversiones por $80 millones en fondos de capital privado que no eran compatibles con los tipos de inversiones permitidos por la Ley Núm. 45 de 1935. Además, se identificó falta de análisis suficiente sobre los riesgos, la liquidez de los fondos y posibles conflictos relacionados con el asesor de inversiones.

La Corporación no presentó evidencia de que el Comité de Finanzas de la Junta evaluara y recomendara previamente cinco inversiones por $160 millones, según establecen los procedimientos internos. También se identificaron fondos privados valorados en más de $137 millones con rendimientos de cero o negativos, sin evidencia de acciones correctivas por parte de la Junta.

Los auditores detectaron múltiples irregularidades en la contratación y los pagos a asesores de inversiones. Entre ellas, la contratación de un asesor que no estaba registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), pese a que era un requisito. Además, la Corporación realizó pagos indebidos por $14,072 a ese asesor sin que existiera un contrato vigente. También se identificaron contratos formalizados sin toda la documentación requerida y facturas pagadas sin las certificaciones, descripciones de servicios o declaraciones de ausencia de conflicto de interés exigidas por ley y por la reglamentación interna.

Se encontraron deficiencias significativas en la administración de los contratos de inversión de la CFSE. Se detectó que 14 inversiones con un valor de casi $999 millones se realizaron sin contratos formalizados con los manejadores de fondos. Además, 16 contratos relacionados con inversiones activas, valoradas en más de $737 millones, permanecían vencidos al momento de la auditoría, algunos desde hacía más de siete años, lo que refleja deficiencias en los controles y en el cumplimiento de la reglamentación aplicable.

Se identificaron deficiencias en los registros contables de la Corporación al detectar que no se registraron oportunamente transacciones relacionadas con varias inversiones. Entre las omisiones figuran intereses por cobrar por $6.8 millones, una pérdida de $740,606, una aportación de capital de $883,248 y una ganancia de $1.48 millones, lo que afectó la exactitud de la información financiera de la entidad.

La Contralora señaló en el Informe que la Corporación no había designado un administrador de documentos públicos, como exige la reglamentación vigente. Esta función es esencial para garantizar la adecuada administración, conservación y manejo de los documentos oficiales de la entidad.

También reveló retrasos en la contratación de los auditores externos encargados de certificar los estados financieros de la Corporación. Los contratos para los años fiscales 2019-20 al 2022-23 fueron formalizados fuera del término establecido por ley, con demoras de entre 136 y 450 días.

Además, se identificaron deficiencias en el manejo de las actas de las reuniones de la Junta
de Gobierno. La Corporación no pudo proporcionar 29 minutas correspondientes a reuniones celebradas entre 2019 y 2023, a pesar de que las actas deben documentar las decisiones tomadas por la Junta y formar parte de los controles administrativos de la entidad.

Como comentario especial, la Contralora señaló que la CFSE no había corregido deficiencias identificadas previamente por los auditores externos durante los años fiscales 2018-19 al 2023-24. Entre las situaciones recurrentes se encuentran retrasos en los cierres contables, registros financieros que no se mantenían oportunamente y ajustes contables realizados luego de entregar la información a los auditores, lo que requirió revisiones adicionales para validar la información financiera.

Por otro lado, la auditoría identificó que la Corporación no había sometido a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) para revisión y aprobación previa 19 contratos de inversión con un valor total de $780 millones, según requiere la política aplicable para contratos de $10 millones o más. Las inversiones fueron realizadas entre 2019 y 2025 sin que se completara el proceso de revisión establecido por la JSAF.