Inocencia Rodríguez, mujer dominicana de 32 años y madre de una menor de edad, quedó en libertad bajo $5,000 de fianza la mañana del lunes, después de que la semana pasada una jueza federal interviniera en su caso para ordenar la evaluación de fianza, a la luz de que su detención el 10 de julio pudo haber sido ilegal.

Al momento de su arresto, Rodríguez tenía aprobadas una petición familiar (conicida como I-130) y una exención provisional (I-601A), así como un registro de título del Departamento de Transportación y Obras Públicas emitido a su nombre para un vehículo, así como empleo.

La Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU en inglés), que se unió a la defensa, describió la intervención de ocho vehículos oficiales como una que siguió el “método de intervención ilegal y violenta utilizado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés), relacionado con la muerte de al menos tres en Texas, Maine y Florida”.

“No fue fácil”, dijo sobre la semana que estuvo detenida y agradeció el apoyo directo de su familia y el de las personas que se expresaron por su caso porque eso la hizo sentir “acompañada”. Añadió que recibió un trato “normal” durante su detención y exhortó a que otras personas en su lugar la tengan como ejemplo de “que luchen, que sí se puede”.

Rodríguez quedó en libertad el viernes en la noche, después de que se le sometiera un recurso de ‘habeas corpus’ a la jueza federal María Antongiorgi Jordán y que esta ordenara al juez de inmigración, Elvin Talavera Peraza, a que evaluara la fianza. La jueza adelantó que, de corroborarse la petición y exención migratoria que tiene Rodríguez, su detención el 10 de julio sería ilegal. Por esto, no debía seguir detenida provisionalmente en lo que se dilucida finalmente su status migratorio. La mujer está en la isla desde hace nueve años.

Fermín Arraiza Nieves, director legal de la ACLU en Puerto Rico, señaló que la detención de Rodríguez fue resultado de la “mala fe” que demostró Talavera Peraza en una vista al negarse a examinar los documentos que acreditaban el status migratorio de la mujer. Ahora, estando bajo fianza, prosigue el caso migratorio en el que la mujer tendrá que demostrar su status para evitar la deportación a República Dominicana. “Inocencia y su familia nunca debieron pasar por un proceso como este”, dijo la directora ejecutiva de la ACLU, Annette Martínez Orabona, al pedir a las autoridades que detengan la “cacería” contra ciudadanos que aportan a la sociedad puertorriqueña y que siguen la ley.

El lunes, la acompañaron a la vista de fianza su esposo, su hija de 8 años, familiares y allegados. La ACLU se unió a un equipo de defensa que incluye la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y su profesora, María del Rosario García Miranda, así como la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. El equipo ha representado a 10 inmigrantes, pero los esfuerzos de detención y deportación del gobierno federal han crecido hasta abarcar a cientos de personas al año.