El National Center for State Courts lo ha documentado con claridad: muchos de los síntomas del trauma vicario y el ‘burnout’ interfieren directamente con el proceso de toma de decisiones judicial.

Las dos entregas anteriores de esta serie establecieron el diagnóstico y respaldaron las propuestas con evidencia comparada. Esta tercera entrega es diferente. No cita estudios ni reglamentos. Se sienta, en cambio, en el espacio más incómodo de toda esta conversación: lo que los jueces y las juezas viven en su interior y raramente dicen en voz alta. No por falta de palabras. Por exceso de cultura institucional que enseña que decirlo es una forma de fallar.

Una jueza con décadas de experiencia, consultada para un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lo dijo con una honestidad que vale la pena reproducir en su esencia: durante años, su mantra fue que ya lo había visto todo y que nada le afectaba. Ese mantra, reconoció, no era fortaleza. Era ignorancia sobre los efectos profundos y acumulativos de lo que veía y escuchaba todos los días en el salón de sesiones. No es un testimonio aislado. Es el relato de una cultura que confunde el silencio con la ecuanimidad, y el entumecimiento con la profesionalidad.

Lo que la investigación dice que los jueces sienten pero no nombran

La literatura clínica sobre trauma vicario en la magistratura lleva dos décadas acumulando evidencia que el sistema judicial ha tardado en reconocer. El 63% de los jueces reporta uno o más síntomas que identifica como experiencias de trauma vicario relacionadas con su trabajo. Las juezas reportan más síntomas que los jueces; y quienes llevan siete o más años en la magistratura reportan niveles más altos de sintomatología que quienes recién inician. La experiencia, en lugar de producir inmunidad, produce mayor exposición acumulada.

Los estudios australianos de Schrever —los más exhaustivos realizados hasta la fecha sobre salud mental judicial— encontraron que tres cuartas partes de los jueces participantes, el 75.2%, puntuaron en rango de riesgo en al menos uno de los tres factores de burnout medidos: agotamiento emocional extremo, sentimientos de cinismo o despersonalización, y reducción de la eficacia profesional. El 20% superó el umbral sugestivo de burnout clínico. Esos números no describen a personas débiles o inadecuadas para la función. Describen a personas expuestas, de manera sostenida y sin protección adecuada, a un nivel de exigencia emocional que ningún ser humano puede absorber indefinidamente sin consecuencias.

El trauma vicario —también llamado estrés traumático secundario o fatiga por compasión— no es lo mismo que el agotamiento ordinario que cualquier profesional puede experimentar. Es la transformación interna que ocurre cuando una persona es expuesta repetidamente al sufrimiento de otras: la jueza de familia que escucha, caso tras caso, los detalles del maltrato a niños que sus padres negaron hasta el último momento; el juez que preside juicios por feminicidio y que debe mantener la compostura mientras una madre describe cómo encontró a su hija; la jueza que firma, al amanecer del sábado, una orden de protección sabiendo que el historial del agresor hace improbable que se cumpla. Nadie sale ileso de esas experiencias. La pregunta no es si afectan; es cuánto, durante cuánto tiempo, y con qué consecuencias para la persona y para su capacidad de seguir adjudicando con justicia.

Los síntomas que el sistema no ve porque el sistema no pregunta

El Departamento de Salud Mental y Servicios de Adicciones de los Estados Unidos ha identificado los síntomas del estrés traumático secundario con una precisión que la magistratura debería conocer: desesperanza, irritabilidad, insomnio o agotamiento crónico, distancia emocional, cinismo, culpa, dolencias físicas sin causa médica identificada, y cambios en la visión del mundo que llevan a la persona a ver el sufrimiento como inevitable y la esperanza como ingenua.

Algunos de esos síntomas son peligrosos en cualquier profesión. En la magistratura, son doblemente peligrosos, porque el cinismo de un juez o una jueza no es solo un problema personal: es un problema para cada persona que comparece ante él o ella buscando justicia. Un adjudicador que ha llegado al convencimiento profundo —sin saberlo conscientemente, porque el proceso es gradual y silencioso— de que los acusados siempre mienten, de que las víctimas exageran, de que el sistema no cambia nada, no está en condiciones de adjudicar con la imparcialidad que la Constitución y los Cánones de Ética Judicial exigen. No porque sea una mala persona. Porque es una persona herida que el sistema no atendió a tiempo.

Esa conexión entre bienestar judicial y calidad de la adjudicación no es especulativa. El National Center for State Courts la ha documentado con claridad: muchos de los síntomas del trauma vicario y el burnout interfieren directamente con el proceso de toma de decisiones judicial. La fatiga emocional reduce la capacidad de deliberación. El cinismo distorsiona la evaluación de credibilidad. El agotamiento acorta la tolerancia a la complejidad. Y la despersonalización —ese mecanismo de defensa que lleva al juez a distanciarse emocionalmente de los casos para no verse afectado— puede traducirse en decisiones que se perciben como frías, mecánicas o insensibles, cuando en realidad son el producto de un sistema de defensa que el cuerpo activó porque nadie ofreció otra forma de sobrevivir.

Lo que los jueces hacen para sobrevivir, y lo que eso cuesta

En ausencia de apoyo institucional, los jueces y las juezas desarrollan sus propias estrategias de supervivencia. Algunas son sanas: el ejercicio físico, la música, la lectura que no tiene nada que ver con el Derecho, las conversaciones con familia o amigos de confianza. Otras son menos sanas: el aislamiento deliberado, el consumo de alcohol como mecanismo de desconexión, la negación de que algo está mal, el trabajo compulsivo como sustituto del procesamiento emocional. La investigación sobre trauma vicario en profesiones de alto impacto emocional —médicos de urgencias, trabajadores sociales, militares— muestra consistentemente que sin intervención institucional, las estrategias de afrontamiento individuales no son suficientes para prevenir el daño a largo plazo.

Lo que el sistema no ve es que el costo de esa supervivencia solitaria no se paga solo en la salud del juez o la jueza. Se paga también en la calidad de las sentencias, en la velocidad de la resolución, en la disposición a asumir los casos más complejos y emocionalmente exigentes, y en la decisión de permanecer en la magistratura o abandonarla. Cada juez o jueza que renuncia por agotamiento no recuperado lleva consigo años de experiencia que el sistema no puede remplazar con una nueva designación. La pérdida no es solo humana. Es institucional.

La voz que la cultura no permite: el juez que pide ayuda

Hay un momento específico en este proceso que merece nombrarse con cuidado: el momento en que un juez o una jueza reconoce que necesita ayuda y considera buscarla. Ese momento está cargado de preguntas que el sistema no ha respondido satisfactoriamente. ¿Qué pasará si alguien se entera? ¿Afectará a mi reputación? ¿Podrá usarse en mi contra en un proceso disciplinario? ¿Interpretarán que no estoy en condiciones de ejercer la función? Esas preguntas no son paranoicas. Son la respuesta racional a un entorno institucional que no ha garantizado de manera explícita y creíble que buscar ayuda de salud mental es seguro, confidencial y compatible con la excelencia judicial.

Mientras ese entorno no cambie, los datos de la primera entrega seguirán siendo los mismos: el 69% de los jueces cree que hablar de salud mental en la judicatura sigue siendo tabú. No porque los jueces sean cobardes. Porque el sistema no ha hecho lo necesario para que hablar sea seguro.

Esta serie ha establecido el diagnóstico, ha ofrecido las propuestas y ha puesto rostro clínico a lo que los jueces viven en silencio. Lo que queda es lo más simple y lo más difícil: que el sistema decida que esas voces merecen ser escuchadas. El 25 de julio se acerca. La Federación de la Magistratura de Puerto Rico estará atenta a lo que el Poder Judicial decida hacer con ese día —y con los que vengan después.

*Este artículo es publicado en representación de dicha organización en el ejercicio de sus funciones institucionales. De conformidad con el Canon 24 del Código de Ética Judicial, el autor se abstiene de expresar opinión sobre cualquier asunto pendiente ante los tribunales.