Francisco Antonio Quiñones Rivera enfrenta varias querellas administrativas con alegaciones de acoso sexual, acoso laboral, discrimen por razón de sexo y represalias.

El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Antonio Quiñones Rivera, negó el jueves tener vínculo directo con una empleada que radicó una querella laboral en su contra.

“He mantenido la disciplina del silencio que aprendí durante mis 12 años como juez. Ante el caso difundido ayer, puedo compartir que no superviso a la empleada, que no trabaja en mi oficina y que nunca he sostenido una conversación con ella”, expresó Quiñones Rivera en declaraciones escritas.

La querella fue presentada ante la Oficina de la Procuradora de las Mujeres por una empleada embarazada, quien alegó discrimen por sexo y embarazo, acoso laboral y represalias, según reportes de prensa.

Quiñones Rivera enfrenta varias querellas administrativas con alegaciones de acoso sexual, acoso laboral, discrimen por razón de sexo y represalias. El funcionario ha rechazado los señalamientos.

La nueva querella surge luego de que la gobernadora Jenniffer Aydin González Colón retirara la nominación de Quiñones Rivera a juez superior, luego de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, recomendó retirar el nombramiento.

El secretario de Corrección enfocó sus expresiones en la gestión administrativa de la agencia.

“Nuestro enfoque continúa siendo el servicio que brindamos a nuestros 5,442 empleados, a una población correccional de 7,187 confinados y a las 6,716 personas que supervisamos en la libre comunidad”, sostuvo.

Quiñones Rivera dijo que el Departamento de Corrección redujo las muertes de confinados de 79 durante 2024 a 22 en lo que va de 2026.

“Seguimos trabajando y los resultados hablan por sí solos. Hemos reducido las muertes de confinados de 79 durante el año 2024 a 22 en lo que va del presente año”, indicó.

El funcionario añadió que la agencia logró un aumento salarial anual de 8,960.04 dólares para 3,547 empleados.

“Además, logramos un aumento salarial anual de 8,960.04 dólares para 3,547 empleados y continuamos con el proceso de evaluación y selección de un nuevo proveedor para los servicios de salud de la población correccional”, expresó.

Quiñones Rivera sostuvo que continuará con esfuerzos para combatir el narcotráfico, el contrabando y la corrupción en el sistema correccional.

“Asimismo, mantenemos firmes nuestros esfuerzos para combatir el narcotráfico, el contrabando y la corrupción en todos los niveles del sistema correccional, porque nadie está por encima de la ley”, afirmó.