Es «un asunto que el gobierno debe traer a la atención de la Junta de manera impostergable”, reclamó el procurador del Ciudadano. 

El Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, urgió hoy un frente común para obligar a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) comprenda la magnitud de los estragos que está causando el alto costo de la vida en la población en general.

“Los sectores que menos ganan y que tienen que hacer malabares extraordinarios para poder subsistir, viven estrangulados por el alto costo de vida, un asunto que el gobierno debe traer a la atención de la Junta de manera impostergable”, reclamó el procurador del Ciudadano. 

Señaló que es hora de darle prioridad y atención a este asunto, ya que el prisma de la JSF «está centrado solo en números y estadísticas, y se muestra indiferente de la angustia que enfrentan sectores marginados». 

“No podemos ser cómplices de la pobreza en la que viven muchas familias, como la latente realidad que vivirán muchos adultos mayores ante esta amenaza”, pronunció con pesar García Feliciano.

En su rol de procurador del Ciudadano, planteó las múltiples inquietudes que enfrenta cada puertorriqueño, a la hora de distribuir el presupuesto familiar en necesidades básicas, salud, educación y bienestar de sus hijos. Las mismas no excluyen a ningún segmento poblacional, desde estudiantes, adultos mayores, mujeres jefas de familia y trabajadoras, como empleados públicos y privados.

“Urge que la Legislatura y el Ejecutivo se esfuercen para que la Junta le dé una mirada a esta situación, que creará mayor inestabilidad social, ante el duro golpe que enfrenta la solvencia familiar y la canasta básica. No hay soluciones mágicas para atenderlos, pero hay maneras de hacerlo priorizando y de forma escalonada”, manifestó.

Como primer ejemplo, García Feliciano citó que la ciudadanía enfrenta responsabilidades que antes no tenía y de las que ahora, no tiene escapatoria. Entre ellas, los aumentos en los cargos fijos de la factura de energía eléctrica, que cuentan con el aval de la Junta. Dijo que estos cargos representan un doloroso golpe al bolsillo de todos, incluyendo al de los pensionados de la AEE, quienes aportan nuevamente a sus pensiones, a pesar de las deducciones que les realizaron para ello durante toda una vida. 

Como paliativo, el Ombudsman preguntó por qué no es posible tocar la Reserva de Pensiones, creada en la Ley 53-2021. “Aunque la misma está predicada en proveer apoyo financiero para las obligaciones del gobierno con relación a las pensiones bajo el “Sistema Pay Go”, no es menos cierto, que el pueblo sigue pagando por lo que debió atender esa corporación en su momento”, indicó.  

En el aspecto remunerativo, García Feliciano especificó que los planes de Clasificación y Retribución del sector público no atendieron adecuadamente los ajustes de salario. Indicó que tiene conocimiento de empleados que han protestado esos ajustes y luego de largos meses, no han sido atendidos. Refirió que hay agencias que todavía no han puesto en vigor dichos ajustes y otras, que ni siquiera han preparado sus planes.

En el renglón de la conservación de la salud, el Procurador se mostró sorprendido de que la aportación que hace el gobierno a los planes médicos siga siendo de $125 para la mayoría de los empleados públicos. Reclamó que la Junta entienda y consienta liberar algún dinero, para obtener servicios de salud adecuados.  

García Feliciano tampoco olvidó a los jubilados del gobierno. Recordó que nadie respondió por la indiferencia de múltiples agencias que quebraron al Sistema de Retiro, al ignorar su responsabilidad fiduciaria, en su rol como patrono. “Tanto es así que, hoy en día, el gobierno no aporta nada al Plan bajo la Ley 106, lo que obliga a que muchos empleados se retiren sin pensión, o con pensiones de miseria”, afirmó.

 “La Legislatura y el Ejecutivo deben actuar en consenso para que la Junta atienda estos señalamientos con detenimiento, y salga en defensa de nuestra gente”, concluyó.