La jueza federal Silvia Carreño Coll encontró incursa en desacato a la presidenta de la Comisión de Practicaje, Jessica Ñeco Morales, por esconder de otros miembros de la comisión las movidas que hace la Autoridad de los Puertos (AP) para eliminar ese organismo encargado de velar por la seguridad portuaria a través de los pilotos, o prácticos, que navegan las embarcaciones en su entrada y salida de la Bahía de San Juan.

Desde octubre, la jueza había desestimado una demanda contra la funcionaria con la condición de que comunicara todos los asuntos de la comisión a los demás miembros del organismo, incluyendo al representate de los pilotos, así como que se mantuviera “alineada” con estos pilotos en materia de la seguridad del cuerpo de agua por donde entra casi toda la carga que llega a la isla. La demanda fue en el contexto de que la funcionaria había dejado que la empresa New Fortress Energy (NFE) relajara las medidas de seguridad que había acordado con los pilotos para el movimiento de barcazas con gas.

El 11 de mayo pasado, Ñeco Morales testificó bajo juramento ante la jueza que las acciones que se le atribuyen a ella como que fueron violatorias de su orden realmente las llevó a cabo el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos (AP), Norberto Negrón Díaz. A saber, que decidió quién iba a estar en una reunión del 10 de abril pasado sobre un borrador de proyecto de ley para derogar la propia comisión y que fue quien dictó a quien pasarle el borrador. El miembro de la comisión, y representante de los pilotos, capitán Carlos Ramos, ni fue convocado ni recibió el borrador. Se enteró porque la Guardia Costanera se lo dejó saber. Cuando pidió una reunión urgente de la comisión, Ñeco Morales no le contestó.

En el banquillo, la funcionaria enfrentó cuestionamientos, tanto del abogado de los pilotos como de la propia jueza, sobre su desconocimiento sobre el contenido de la ley que creó la comisión en 1999, sobre su falta de preparación o experiencia en el área de transportación marítima, y sobre la posición conflictiva en la que se coloca al ser la presidenta de la comisión, pero también ser instrumento de las intenciones de eliminar la misma. Incluso, le dijo a la jueza que había leído la orden del tribunal allí sentada en el banquillo como testigo, y no en octubre pasado, cuando la jueza la emitió.

“De la evidencia clara y convincente recibida en la vista, el tribunal puede suponer que hubo un esfuerzo deliberado para esconderle el borrador del proyecto al comisionado Ramos. En vez de alinear sus intereses, y los de la comisión, con los puilotos, como ordenó el tribunal, la Sra. Ñeco Morales hizo lo opuesto. La Sra. Ñeco Morales puede argumentar que el director Negrón estaba tomando las decisiones porque él fue el que creó el grupo de trabajo y convocó las reuniones, pero eso no invalida que ella todavía era responsable de mantener al día a sus compañeros comisionados sobre asuntos que directamente afectan la existencia de la comisión y su independencia de la intervención directa del gobierno”, estableció la jueza al imponer el desacato.

Como remedio, la jueza descartó sanciones económicas porque el presupuesto de la comisión sale de las tarifas que los dueños de embarcaciones le pagan a los pilotos. Los abogados de estos pidieron un monitor supervisado por el tribunal, como ha sucedido en entidades como el Departamento de Salud y la Policía, pero la jueza encontró que “en este momento” no están “los elementos necesarios” para eso. Por tanto, le ordenó someter certificaciones semanales de que ha cumplido con la orden del tribunal sobre sus funciones como presidenta y en agosto se volverá a discutir ese cumplimiento en una vista.

“Como director de los puertos no he estado vinculado en ese proceso y el tribunal. No tengo nada que ver con la operación ni con las reuniones de la Comisión de Practicaje”, dijo Negrón Díaz, a preguntas de NotiCel.

El funcionario dijo que sigue adelante con el grupo de trabajo que convocó “para revisar y mejorar la seguridad portuaria”. Rechazó que la intención específica sea derogar la comisión, pero su revisión de leyes y reglamentos comenzó por la comisión. “No estoy tratando de desmantelar, estoy tratando de revisar, la seguridad (en los muelles)”, defendió.

A la misma vez, el director ejecutivo confirmó que todavía no se ha cumplido con el reglamento 9633 de la AP, que regula las operaciones en el Puerto de San Juan, y que está vigente desde diciembre de 2024. Allí se crea un Comité Especial sobre Seguridad y Operaciones Portuarias del Puerto de San Juan, que se supone lo presidiera el director ejecutivo de la AP y que se supone que en 18 meses emitiera un informe final con recomendaciones sobre esos temas, incluyendo específicamente el uso de las remolcadoras que ayudan a las embarcaciones a entrar y salir de la bahía.

“Estamos en proceso de nombrarlo”, comentó sobre ese comité, confirmando así que no se ha cumplido con el reglamento y que el grupo que convocó para revisar la seguridad portuaria no es este comité que ya estaba mandatado.

“Yo no tengo el tiempo para correr una comisión, ella fue designada por la gobernadora”, ripostó cuando se le planteó la duda que dejó el testimonio de Ñeco Morales sobre si las decisiones en la comisión eran de ella o de él. El director ejecutivo explicó que examinó la ley de la comisión para ver si él mismo podía nombrarse como representante de Puertos en el organismo, pero se convenció que no. Ñeco Morales es la jefa de personal de Negrón Díaz, además de presidenta de la comisión como representante de la AP.

Tanto Ñeco Morales como Negrón Díaz surgieron del mismo lugar, en lo que respecta a servicio público, la Cámara de Representantes bajo la presidencia de Carlos Méndez Núñez. Ella fue técnica de contratos y él director de la Oficina de Actas y Récords, pero el director ejecutivo rechazó que tuvieran relación en ese contexto.

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Sorprenden, bajo juramento, declaraciones de funcionaria a cargo de la seguridad marítima