Maldonado Díaz murió por un disparo del sargento Julio C. Nieves Rosado, el 26 de mayo del 2025 durante una intervención en crisis, en la residencia del veterano en Utuado.

El Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) presentó esta semana una demanda contra la Policía de Puerto Rico, por el asesinato de Daniel Maldonado Díaz, un veterano de 42 años del Ejército de Estados Unidos que atravesaba una crisis de salud mental en su residencia en Utuado cuando un agente le disparó en el pecho, en un ejercicio indebido de fuerza mortal.  

«En los hechos de este caso, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza mortal contra una persona que estaba atravesando por una crisis, producto de su condición emocional como veterano de guerra», subrayó el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la organización.

En la demanda por violación de derechos civiles y daños y perjuicios presentada el lunes, Día de la Recordación, la ACLU de Puerto Rico representa a Nilda Margarita Díaz Huertas, madre de Daniel, así como a su hermana Carmen Jarmín Maldonado Díaz. La familia demandante también está representada por la licenciada Wanda Valentín Custodio. En el recurso legal, figuran como demandados en sus capacidades oficial y personal el comisionado de la Policía, Joseph González Falcón, y el sargento Julio C. Nieves Rosado.

«Mi hijo no necesitaba un disparo. Mi hijo solo necesitaba la ayuda que la Policía le negó cuando le arrebató la vida en lugar de intervenir de la manera correcta», manifestó la madre del veterano.

Daniel murió por un disparo del sargento Julio C. Nieves Rosado, el 26 de mayo del 2025 –hace exactamente un año-, durante una intervención en crisis, en la residencia del veterano en la barriada Nueva de Utuado. Los familiares de Daniel afirman que el policía conocía al veterano y sabían que irían a una intervención en crisis. Afirman, además, que Daniel no estaba armado ni puso resistencia alguna, y que los policías no intentaron establecer un diálogo con él.

Según el relato de hechos, Daniel se encontraba en una crisis de salud mental y manifestó comportamientos agresivos antes de que llegara la Policía. Su hermana Carmen llamó al 911 y cuando los oficiales llegaron sugirieron solicitar una orden de ingreso involuntario a un centro de salud mental al amparo de la Ley 408.

Carmen los recibió fuera de la residencia, en el primer nivel, y les pidió que subieran al segundo piso donde ubica la residencia. Al llegar a la puerta de la residencia en el segundo piso, tanto Carmen como el sargento Nieves vieron a Daniel en la cocina. Carmen le informó que la policía había llegado y Daniel cerró con fuerza la gaveta de la cocina. Al dirigirse hacia la puerta donde se encontraban los dos agentes y su hermana Carmen, Nieves le hizo un disparo en el pecho con su arma de reglamento. El disparo se hizo a alrededor de 18 pies de distancia, según Carmen, quien presenció lo ocurrido. El otro policía en la escena no hizo nada para detener a Nieves. 

Ni Carmen ni su madre Nilda -quien salió de una habitación al escuchar el disparo- vieron un cuchillo en la escena, a pesar de que la policía alega que Daniel se tornó agresivo y que tenía un cuchillo consigo. Carmen le cuestionó al policía por qué le había disparado y corrió hacia su hermano para socorrerlo. Daniel murió en la escena frente a su hermana Carmen y su madre Nilda.

La demanda sostiene que la actuación de la Policía de Puerto Rico constituyó una violación a derechos protegidos por la Constitución de Puerto Rico, la Constitución de Estados Unidos y la Ley federal de Derechos Civiles. «El uso ilegal, abusivo e irrazonable de fuerza mortal contra Daniel Maldonado Díaz, quien atravesaba una crisis emocional como veterano de guerra, es incompatible con las protecciones constitucionales a la vida, la dignidad, la integridad física, el debido proceso y la protección contra actuaciones irrazonables de la policía», anotó la licenciada Valentín Custodio.

El recurso también reclama responsabilidad civil, daños compensatorios y punitivos, y cualquier otro remedio que proceda en Derecho. Además, solicita al tribunal ordenar al Gobierno de Puerto Rico y a la Policía cumplir con las órdenes generales de la Reforma de la Policía y crear un grupo interdisciplinario con personal adiestrado para atender crisis emocionales, con el fin de evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir.

Solamente desde 2025, la organización Kilómetro 0 ha documentado seis muertes por uso de fuerza policial durante crisis emocionales, incluyendo el caso de Daniel. La ACLU de Puerto Rico mantiene activa desde 2020 otra demanda por uso de fuerza excesiva y mortal de parte de dos policías contra Anthony Maldonado Avilés, quien estaba sufriendo un episodio de angustia emocional cuando fue asesinado en su residencia en Jayuya.

Lea aquí la demanda: