El Tribunal de Apelaciones ordenó el martes reabrir el caso civil mediante el que la familia del biólogo Roberto Viqueira Ríos y su vecino, Eduardo Meléndez Velázquez, intentaban poner fin a las disputas que provocaron la muerte del biólogo a manos de su vecino el 15 de julio de 2025.

La decisión del apelativo se registró un día antes de que, según reportó Telenoticias, tanto Meléndez Velázquez como la viuda e hijos de Viqueira Ríos volvieran a tener una confrontación judicial.

Meléndez Velázquez, quien es enfermero, habría acudido a la sala de Yauco del tribunal de Sabana Grande para conseguir una orden de protección en contra de la viuda y sus hijos. Esto, bajo la alegación de que lo agredieron de palabra y amenazaron en dos ocasiones, una cuando fue con un agente de bienes raíces a encaminar la venta de la casa que ocupaba al lado de la familia Viqueira Ríos cuando mató al biólogo y otra el mismo día cuando fue con un camión de mudanza a retirar pertenencias del lugar. El tribunal no expidió la orden y tampoco encontró causa para arresto contra la viuda, Moshayra Vicente Cruz, aunque mantiene un expediente por controversias entre vecinos, se reportó. Hay una vista de seguimiento el 15 de junio.

Meléndez Velázquez no había pernoctado en la propiedad desde que fue absuelto el 6 de febrero.

La sentencia del apelativo no tiene que ver con el incidente de esta semana sino con el pleito civil que estaba vigente desde 2021. Lo inició el enfermero al imputar que Viqueira Ríos había hecho construcciones ilegales que dañaron la pared de concreto en la que colindan ambas casas en la urbanización Estancias de Yidomar en Yauco. En ese mismo proceso, el difunto había contrademandado para conseguir que su vecino eliminara el sistema de cámaras que tenía apuntando hacia la parte trasera de su residencia y con el que sostuvo que violentaba la intimidad de su familia, particularmente de su esposa y dos hijas menores.

Ambas reclamaciones quedaron desestimadas sin aviso a las partes el 20 de febrero pasado, unos días después de la absolución del enfermero, porque el juez superior Jason Russell Caraballo Oquendo entendió que la familia de Viqueira Ríos no había formalizado a tiempo el trámite mediante el que ellos asumían su lugar como parte en el pleito debido a su muerte.

Ninguna de las partes había pedido la desestimación y el juez no les avisó antes de decretarla. De hecho, las partes habían dicho al tribunal que estaban en negociaciones activas que podrían culminar con la familia del biólogo comprando la casa de su vecino. “Están haciendo todos los procesos para llegar a un acuerdo y culminar antes de finalizar el año”, se le informó al tribunal en septiembre.

Al revocar a Caraballo Oquendo y devolverle el caso para que continue su curso, el panel de jueces apelativos compuesto por Roberto Sánchez Ramos, Giselle Romero García y Alberto Pérez Ocasio concluyó que el juez había incurrido en “extralimitación discrecional”.

Los jueces abundaron en que la familia de Viqueira Ríos había demostrado diligencia en tramitar la sustitución de parte y resaltaron que la desestimación ocurrió a pesar de que el caso tenía señalada una vista de seguimiento el 15 de mayo, unos tres meses después de la desestimación. Procede la devolución de la controversia “en aras de promover la pronta adjudicación del caso”.

“El concienzudo uso del mecanismo procesal de la desestimación tiene el potencial de adelantar los fines justicieros que persiguen los tribunales. Sin embargo, el desmesurado uso de estos puede convertirse en una cortapisa para la justicia… Una evaluación sosegada del tracto y el expediente del caso de epígrafe nos compele a concluir que la sensatez, los principios sobre la adjudicación meritocrática y la economía procesal hacía un llamado a otro curso de acción. O, en su defecto, se justificaba la oportunidad de rectificar”, expusieron.

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