Líderes comunitarios reclaman expresarse luego de que el PS17 fue aprobado en el Senado sin vistas públicas y sin opinión de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario.

La organización sin fines de lucro Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía, Inc. (FURIA) hizo un llamado a la Asamblea Legislativa, especialmente a la Cámara de Representantes, a no prescindir de la participación directa de líderes comunitarios y residentes de las comunidades afectadas en la evaluación de dos proyectos que cambiarían la gobernanza y poderes del programa de Comunidades Especiales.

Desde el pasado mes de febrero la organización solicitó vistas públicas sobre ambas medidas, el Proyecto de la Cámara 27 y el Proyecto del Senado 17, a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara y a la Comisión de Familia, Asuntos de la Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado. Hasta el momento no se ha conseguido espacio de participación pública sobre los proyectos, lo que ha generado preocupación entre líderes comunitarios de las comunidades especiales.

“El Fideicomiso Perpetuo se administra a favor de las comunidades especiales y por ley, éstas tienen que participar en las decisiones que afectan su desarrollo como dueñas y propietarias. No se les ha tomado en cuenta ni mucho menos estimulado su participación en el asunto, contradictorio a los modelos de participación que promovía la Oficina, y que han demostrado ser la solución real para los problemas colectivos”, planteó la líder comunitaria, Zelidés E. Perdigón Acevedo

La Cámara de Representantes tiene en estos momentos para su consideración dos medidas legislativas que, de maneras opuestas, buscan remediar los problemas de otorgación de títulos y de manejo de activos del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales. Se trata del Proyecto de la Cámara 27 de la autoría de Carlos “Johnny” Méndez, presidente de la Cámara, y del Proyecto del Senado 17 de la autoría de Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado.

El PS 17 fue aprobado en el Senado el pasado 7 de abril en una votación 20-8. La aprobación se da luego de que las dos comisiones senatoriales que lo atendieron rindieran un informe conjunto recomendando su aprobación sin realizar vistas públicas y sin contar con la postura de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), agencia sobre la cual se está legislando. Entre varios objetivos, el PS 17 busca conceder al Director Ejecutivo de la ODSEC la facultad de emitir certificaciones para otorgar y/o transferir derechos propietarios, derogar la actual estructura del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, transferir los activos del Fideicomiso a la ODSEC y crear un nuevo fideicomiso llamado “Fondo para la Reinversión Social de Puerto Rico”.

Por otra parte, el PC 27 fue referido a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes en enero, y no ha habido movimiento desde entonces. La medida cameral también propone otorgar al Director Ejecutivo de la ODSEC la facultad de emitir certificaciones para la otorgación y transferencia de titularidad. El PC 27, a diferencia del PS 17, conserva la estructura actual del Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales y propone designar como fiduciario del Fideicomiso al director ejecutivo de la ODSEC.

La ODSEC no ha expresado públicamente su postura sobre los proyectos a pesar de que imponen nuevos deberes y facultades a los empleados de la Oficina y, en especial al Director Ejecutivo, puesto que muy recientemente asumió el Sr. Roberto Lefranc Fortuño. La Ley Orgánica de la ODSEC, la cual el PS 17 pretende enmendar, designó a esta Agencia la administración y gestión del programa de Comunidades Especiales, que supone servir a más de 700 comunidades vulnerabilizadas en Puerto Rico.

La Lcda. Nayda Bobonis, Directora Ejecutiva de FURIA, expresó que “reconocemos el rol fundamental de la ODSEC en conectar y provocar impactos positivos para las comunidades vulnerabilizadas del País, por lo que proyectos de tal envergadura tienen que contar con procesos participativos reales y efectivos para que sean verdaderamente en beneficio de esta población”.

La Cámara de Representantes tiene una oportunidad histórica de unir a los cuerpos legislativos en un esfuerzo por vindicar los derechos y la política pública del programa de Comunidades Especiales, instaurado por la Ley 1-2001, comentó Bobonis. La Ley exige que el Gobierno de Puerto Rico “modifique su enfoque de intervención y sustituyan su función o desempeño tradicional de estado paternalista por un modelo que incorpore la capacidad y voluntad de trabajo de las comunidades en la solución de sus problemas”. En función de esa política pública es que se requiere que se consideren las posturas de los líderes y residentes de las comunidades especiales al proponerse cambios sustanciales a los programas que dirige la ODSEC, como los propuestos en el PC27 y PS17.

Por su parte, Jannette Lozada Sabastro, líder comunitaria de Valle Hill, Canóvanas, manifestó que “se tiene que discutir cómo es que el PS17 va a afectar el funcionamiento del Fideicomiso, si va a beneficiar a las comunidades especiales o no; también hay que discutir cómo el proyecto asegura que ODSEC no abusará del poder de certificar títulos de propiedad y que lo usará efectivamente a favor de las personas que lo merecen”.