La ACLU tendrá que presentar una traducción de la sentencia de Primera Instancia que la semana pasada denegó ajustar la inscripción de electores a los 30 días que permite la ley.

La jueza federal María Antongiorgi Jordán denegó esta tarde el recurso de emergencia que presentó ayer la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés) para que se ordenara a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ajustar la inscripción de electores a los 30 días antes de la elección que permite el Código Electoral de 2020.

A la vez, la jueza señaló vista argumentativa para el viernes a las 10:00 am sobre la demanda que la organización sometió el domingo persiguiendo el mismo propósito. El tribunal pidió a los demandantes que le sometan una traducción de la sentencia en la que el viernes el juez superior Raúl Candelario López denegó una demanda del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) que hacía la misma solicitud sobre el registro electoral.

La demanda federal es en nombre de cuatro electores: Marina Espíritu, Francisco Concepción Márquez, Dante Vélez Iriarte e Iris Delia Torres López. Todos los demandantes aportan experiencias con el registro electoral que resultaron en que no pudieran tener éxito en su trámite antes del cierre el sábado pasado, incluyendo reactivación, cambio de dirección, rechazo de la solicitud en el Registro Electrónico de Electores (Sistema eRE), centros de inscripción demasiado llenos, teléfonos de asistencia al elector en donde no contestaban llamadas e incertidumbre sobre si la transacción fue aceptada por el sistema antes de la fecha límite. De hecho, indicaron que eRE rechazó la mitad de las transacciones que los electores intentaron hacer.

La demanda plantea que el Código Electoral de 2020 eliminó 98 de las 110 juntas de inscripción permanente que había alrededor de la isla, eliminó la obligación de la CEE de inscribir jóvenes en escuelas superiores y universidades, y eliminó el balance político en la administración del ente electoral, dejando los poderes concentrados en la presidencia.

Durante dos años y medio, añade el documento, la CEE tenía el 6 de octube como fecha de cierre del registro y llegó a formalizar en un calendario que el cierre sería, como dice la ley, 30 días antes de la elección. Pero entonces, en abril de 2023, el entonces presidente Francisco Rosado Colomer, cambió la fecha para el 21 de septiembre. Uno de los motivos del juez Candelario López para desestimar la demanda de MVC fue que esa decisión del año pasado no se impugnó a tiempo.

Pero ACLU argumenta que limitarle el derecho al voto a los electores por las fallas de la CEE en la implantación de eRE y en el proceso de inscripción sería una violación impermisible de la Constitución de los Estados Unidos. “El derecho constitucional al voto de los demandantes no se puede condicionar por la falta de organización o presupuesto de la CEE para administrar el proceso electoral… es fundamentalmente injusto anunciarle a los votantes potenciales en Puerto Rico que podrían registrarse electrónicamente para votar hasta el 6 de octubre, y entonces denegarle a esos mismos votantes potenciales la capacidad de registrarse electrónicamente hasta el 6 de octubre”.

De la vista que hubo en el tribunal estatal por la demanda de MVC, la ACLU destacó que el propio calendario que mostró la CEE como evidencia tiene el 11 de octubre como el último día para tener la lista final de electores y que el mismo documento provee para un margen de error en esa tarea de uno a tres días, lo cual puede llevar la confección de la lista hasta el 14 de octubre. Calcularon también que preparar la lista final les tomaría nueve días desde el cierre del registro. Por tanto, argumentaron a la jueza federal, si el registro permanece abierto hasta el 6 la lista final estaría terminada el 15, que es solamente un día más tarde de la fecha que tiene el calendario oficial presentado en evidencia. “Esto demuestra el carácter irrazonable de las medidas que la CEE tomó para limitar el registro a 45 días antes de la elección, en vez de los 30 que establece la ley”, indicaron.

La organización recordó que en el 2020 el tribunal federal intervino para extender el plazo de registro de votantes por correo y obligó a la CEE a destinar recursos para una campaña educativa, por lo que pidieron los mismos remedios ahora, pero con relación a permitir las transacciones en el registro electoral hasta el 6 de octubre.