La Oficina de la Procuradora de las Mujeres demandó al Departamento de Corrección y Rehabilitación por no entregar información sobre feminicidio y masacre de Yauco en enero pasado.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) recurrió al tribunal ayer para obligar a que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) entregue información relativa a William Hiram Santiago Figueroa, el exconvicto que en enero pasado se suicidó después de matar a su pareja, Linnete Morales Vázquez, y a la madre y hermano de esta en Yauco.

Según el recurso, la OPM tiene una investigación abierta por la muerte de Morales Vázquez que abarca las actuaciones de distintas agencias y desde el 25 de enero remitió al DCR un requerimiento de información y producción de documentos que la agencia todavía no entrega completamente.

El punto de contención es el Informe de Evaluación y Recomendaciones que hizo el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ), una dependencia de la agencia. El documento es el que se sometió al tribunal para una vista de causa para arresto por violencia doméstica en modalidad de maltrato en la que a Santiago Figueroa se le halló causa para arresto, pero se le dejó libre bajo fianza y sin grillete. Dos semanas después, el hombre perpetró la masacre.

Según un comunicado de la propia Oficina de Administración de Tribunales, el informe de PSAJ advertía que el hombre era reincidente. Esa condición obligaba al tribunal a imponer un grillete. Por inacción legislativa, ese requerimiento de ley se extinguió y ahora es discrecional del tribunal si pone el grillete, no obligatorio. A pesar de esta referencia que tribunales hizo al contenido del documento, el mismo no ha sido publicado.

La OPM dijo al tribunal que ha requerido el documento dos veces y no se le ha entregado porque el departamento reclama que es confidencial.

“[L]as reclamaciones de confidencialidad en documentos preparados por el Estado deben estar justificadas por alguna ley, privilegio evidenciario, o cuando la producción de la información pueda lesionar derechos fundamentales de tercero, se trate de la identidad de un confidente, o, sea información oficial conforme a las Reglas de Evidencia. En esta ocasión, el DCR no fundamentó su negativa para entregar el Informe de Evaluación y Recomendaciones en ninguna de las anteriores”, indicó la procuradora interina, Madeline Bermúdez Sanabria, en el recurso judicial.

La funcionaria añadió que la postura del departamento “no solo entorpece la investigación” sino que puede ser conducta punible y resulta “en un menosprecio a la política pública en contra de la violencia de género y las funciones de investigación conferidas a la OPM para la consecución de dicha política pública”.

Esta confrontación entre una agencia del ejecutivo y una procuradoría ocurre en momentos en que el Poder Ejecutivo mantiene activa una declaración de emergencia por la violencia de género. Están nombrados en la demanda la secretaria del DCR, Ana I. Escobar, y el director de PSAJ, Eliancim Viera González.

El DCR entregó la Hoja de Entrevista en Casos de Violencia Domestica del Programa de Supervisión Electrónica y Respuesta Rápida para la Protección y Apoyo a las Víctimas de Violencia Doméstica y una Denuncia en contra de Santiago Figueroa.

Tras el impacto que causó el feminicidio y masacre de Morales Vázquez y su familia, el Departamento de Justicia y el Poder Judicial indicaron que realizarían investigaciones. Pero, tres meses después, solo hay confirmación de la pesquisa de la OPM y no se conoce del contenido o resultado de ninguna otra de las indagaciones prometidas.

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