Un informe federal consigna que siguen ausentes las soluciones concretas a dos de los mayores obstáculos para la reconstrucción, falta de mano de obra y aumento de costos, aunque adelanta que podrían pedirse cambios al impuesto al inventario para mitigar esto último.

Dentro del cuadro de uso mínimo de fondos federales de reconstrucción que presenta Puerto Rico poco más de seis años después del paso de los huracanes Irma y María, el sistema escolar y la red eléctrica son las dos áreas en las que menos fondos se han usado hasta ahora, según un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO en inglés).

El informe del lunes se concentra en los fondos asignados a la isla para reconstrucción permanente a través de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA en inglés), unos $15,700 millones, por lo que están fuera de análisis una cantidad menor canalizada a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD en inglés).

De los fondos de FEMA, el 72% sigue sin autorización para uso, o lo mismo que los proyectos no han llegado a una fase de desembolso, o no se han completado. Hay cuatro áreas de reconstrucción con estos fondos, infraestructura de agua, red eléctrica, educación y vivienda. La Administración de Vivienda Pública (AVP) ha usado el 91% de los $475.3 millones asignados; la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha usado 33.4%; la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha usado 25.1%; y el Departamento de Educación (DE) ha usado solo 18.3% del dinero asignado.

Los planes de trabajo de estas agencias proyectan que tardarán hasta 2030, y más, para usar sus asignaciones.

El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3 en inglés), Manuel Laboy, defendió que el nivel de uso de fondos que refleja el informe se debe comparar no con los poco más de seis años que han pasado desde los huracanes, sino con los menos de cuatro años que han pasado desde que FEMA realmente hizo disponibles los fondos de reconstrucción.

En Educación y la AEE eso ocurrió en septiembre de 2020, mientras que para la AAA sucedió en enero de 2021 y para la AVP en enero de 2022. Aún así, las dos que tuvieron la autorización más temprana son las mismas dos que reflejan más atraso, se le señaló. A lo que respondió que, en cuanto a Educación, se añade el tiempo que pasaron en lo que pudo comenzar a trabajar con la empresa CBRE Heery como gestor del proyecto de reconstrucción de la agencia (PMO en inglés), después de que la subasta para contratarla fuera impugnada. Añadió que los proyectos también han enfrentado que FEMA tarda de seis a ocho meses en realizar su propia evaluación ambiental, lo que calificó como un periodo largo.

En cuanto a los fondos de la AEE, realmente se trata de la gestión de LUMA que es la que, mediante su contrato de operación de la red, maneja estos fondo en nombre de la corporación pública.

El periodo de cinco años de vigencia de las asignaciones de fondos comienza a correr cuando FEMA los asigna, subrayó, por lo que las cuatro áreas todavía están dentro del tiempo de vigencia y se solicitarían extensiones que anticipa que FEMA otorgaría.

La proyección de que tardaría hasta 2030 “tampoco es un secreto”, comentó, porque, para reconstruir 24,000 facilidades incluidas en 10,000 proyectos “siempre se hablaba de que iba a tomar 10 años más o menos”.

Como ha hecho en otras ocasiones, incluso en vistas congresionales, GAO señaló que la reconstrucción de la isla enfrenta problemas fundamentales en el aumento de lo costos y la falta de mano de obra. El informe no presenta soluciones concretas pero indica que FEMA está encargada de atender estos y otros asuntos en un plan de manejo de riesgo que se supone tengan listo este mes. GAO dice que en el plan FEMA debe aquilatar “la capacidad de Puerto Rico para realizar los proyectos” y adelanta que la agencia propondría la “eliminación del impuesto al inventario en cuanto a materiales de construcción”.

Laboy dijo que eso no se le ha consultado al Gobierno de Puerto Rico y que sería una decisión de política pública que involucraría al Ejecutivo, la Legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal. Insistió en que el gobierno ha presentado recomendaciones y que resta que el gobierno federal actúe sobre ellas. Para la mano de obra, quieren cambios en políticas migratorias para que a los obreros hábiles que se encuentren en la isla sin residencia formalizada, como ocurre principalmente en la comunidad dominicana, puedan insertarse en la fuerza laboral formal como trabajadores de proyectos de reconstrucción. Para el aumento de costos, quieren que el gobierno federal reabra los estimados de costos que FEMA hizo cuando fijó el valor de los proyectos bajo la Sección 428.

Esencialmente, esa sección solo está activada en Puerto Rico, y no en otros desastres recientes, porque FEMA decidió que iba a ser complicado hacer evaluaciones iniciales, pero tiene la característica de que la aprobación de fondos de cada proyecto refleja costos prepandémicos y no los costos que hay ahora por la inflación. GAO admite que ese factor ha provocado hasta duplicación en los costos.

Para crédito de Puerto Rico, el informe reconoce que la nueva estrategia de fiscalización de fondos que FEMA inauguró en la isla, y en la que se monitorea el uso de fondos durante el proyecto y no al final, ha arrojado una proporción de mal uso de fondos que es menor de lo que se considera material. En 2018, en la fase de emergencia, FEMA identificó pagos impropios en 15% de los gastos revisados, mientras que en 2020 los detectó en solo 0.13% de las revisiones. En total, de una muestra de casi $4,000 millones en gastos, se detectaron unos $54 millones en pagos impropios.

“Es injusto para Puerto Rico que se le esté midiendo como si aquí el dinero se hubiera obligado desde el 2017, no señor”, argumentó Laboy.

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Reconstrucción amenazada: No se sabe manejar fondos federales y costos se han disparado

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