La jueza municipal Ginny Vélez Carreras no atenderá casos de violencia doméstica hasta que culmine una investigación sobre su manejo del caso contra Wilfredo Santiago Figueroa.

La jueza municipal Ginny Marie Vélez Carreras no está atendiendo casos de violencia doméstica desde la semana pasada y hasta que la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) termine una investigación sobre su participación en el caso contra Wilfredo Santiago Figueroa, imputado de violencia doméstica a quien dejó sin grillete a pesar de que la ley lo mandataba y quien dos semanas después asesinó a tres personas y se suicidó.

“La jueza no atiende casos de violencia doméstica desde la semana pasada y solo atenderá otros asuntos de competencia municipal mientras la Oficina de Administración de los Tribunales conduce su investigación”, indicó ayer un portavoz del Poder Judicial.

Hasta ayer, el Departamento de Justicia no había indicado si dos fiscales que intervinieron en el caso, Alexandra Aulet Morales y Ruth Miriam Pérez, seguían atendiendo casos de violencia doméstica, aunque está en curso una investigación de la fiscal Laura Hernández Gutiérrez sobre todos los aspectos de la interacción de la víctima, Linnette Morales Vázquez, con el sistema de justicia en su búsqueda de ayuda por la conducta de su expareja.

Aulet Morales fue la fiscal que atendió la vista de causa para arresto y no hizo ninguna argumentación a la jueza Vélez Carreras sobre la fianza y el grillete electrónico para Santiago Figueroa.

“Lo dejamos a su discreción, honorable juez”, fue lo único que dijo, a pesar de que la ley obliga a que un imputado como Santiago Figueroa tuviera grillete por razón de su historial criminal que consta, precisamente, de una condena de cárcel por un caso anterior de violencia doméstica. Pérez atendió la vista preliminar que se pospuso por solicitud de la defensa. El mismo día de esa vista, Santiago Figueroa mató a Morales Vázquez, su madre, su hermano y luego se suicidó.

Vélez Carreras fue confirmada a la judicatura en los últimos días de la administración novoprogresista de Wanda Vázquez Garced en 2020 mediante el mecanismo de descargue, sin informe de su trayectoria o vista pública para evaluar sus credenciales. El analista Ángel Rosa indicó esta semana que la jueza es hija del exsenador novoprogresista por Ponce, Dennis Vélez Barlucea quien, como abogado, fue amonestado por el Tribunal Supremo por conducta antiética.

Después de la masacre el 24 de enero pasado en el barrio Caimito de Yauco, el Poder Judicial y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) confirmaron que la jueza Vélez Carreras tuvo ante sí un informe del Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) que detallaba el historial criminal de Santiago Figueroa y le recomendaba que pusiera un grillete electrónico. «[D]e acuerdo a la ley, conlleva supervisión electrónica y pagar la fianza de manera pecuniaria», indica el informe que NotiCel pudo revisar y que preparó la funcionaria Edith Fiol Torres.

Vélez Carreras fue una de tres jueces que intervinieron en las solicitudes de Morales Vázquez, pero fue la que actuó en vista de causa para arresto, que es el momento para fijar condiciones de fianza.

La mujer tuvo primero una vista civil para conseguir una orden de protección exparte, otra vista en la que un juez emitió la orden de forma final por seis meses, la vista de causa para arresto cuando Santiago Figueroa violó la orden y la vista preliminar después de que al hombre se le imputara maltrato sicológico bajo la Ley de Violencia Doméstica.

Una grabación que el tribunal liberó a solicitud de NotiCel muestra que la jueza casi no intervino mientras Morales Vázquez ofrecía su testimonio pero sí lo hizo cuando surgió que la mujer había vuelto a vivir con su agresor estando vigente la orden de protección.

Morales Vázquez dice que se separó de Santiago Figueroa el 6 de enero de 2024. “¿Esto es desde el 6 de enero de 2024?”, cuestiona la jueza. “Se dejaron el 6 de enero del 2024”, le reitera la fiscal Aulet Morales. “Del 2024. Pero hay una orden de protección. Ok”, comentó Vélez Carreras. Al tomar la determinación de convertir la denuncia en maltrato sicológico, en vez de violación a la orden de protección, la jueza no planteó sus fundamentos para el cambio.

Como jueza municipal, Vélez Carreras lleva desde su nombramiento atendiendo casos que implican violencia doméstica. De hecho, el 10 de noviembre de 2022 la fiscalía de Ponce procesó por amenaza contra la función judicial a Ernesto Ruiz Romero, quien ese día, durante una vista relacionada a una orden de acecho, provocó temor en la jueza cuando le dijo “juez Ginny Vélez, cabrona, esta me la va a pagar bien caro”.

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