Jefa de Fiscales emite directrices para manejo de casos de violencia doméstica que van a lo básico sobre la preparación que debe tener el fiscal y lo que debe decir en la vista.

La Jefa de Fiscales emitió directrices ayer para que los fiscales que atienden casos de violencia doméstica tengan que documentarse sobre el historial criminal del imputado y que argumenten sobre la peligrosidad de estos para obtener una determinación de supervisión electrónica por parte del juez.

El documento de tres páginas, marcado “Confidencial y para uso interno”, que NotiCel obtuvo hoy expone la serie de pasos, protocolos, previsiones y obligaciones que aparenta no haberse realizado en el caso de la Masacre de Yauco, en la que hace una semana cuatro personas resultaron muertas. Tres a manos del agresor y el agresor mismo, quien se suicidó.

En ese caso, el 10 de enero pasado se llevó a cabo una vista de causa para arresto contra Wilfredo Santiago Figueroa ante la jueza municipal de Ponce, Ginny Vélez Carreras, por violación a una orden de protección que había obtenido en septiembre su expareja, Linnette Morales Vázquez, en septiembre pasado.

Santiago Figueroa había estado preso por intentar quemar la residencia y el vehículo de una expareja con ella y otras personas dentro. El Poder Judicial y el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) confirmaron que el informe sociopenal del imputado que se le presentó a la jueza contenía el detalle del historial delictivo, así como una recomendación de que se impusiera un grillete electrónico como condición de fianza. Por ley, la jueza estaba obligada a imponer grillete debido a la reincidencia del individuo, sin importar por cuál modalidad de violencia doméstica encontrara causa para arresto.

La jueza no halló causa por la violación a la orden pero sí por el delito de maltrato sicológico, pero no impuso el grillete y la fiscal Alexandra Aulet Morales solo dijo sobre la fianza que “lo dejamos a su discreción, honorable juez”. Catorce días después, el 24 de enero, Santiago Figueroa mató a su expareja, a su madre y a su hermano después de que, horas antes, su abogado consiguiera que un juez pospusiera la vista preliminar que estaba señalada para ese día. Grabaciones que NotiCel obtuvo mediante orden judicial demuestran que la fiscal Ruth Miriam Pérez no se opuso. Ese mismo día, a las 4:55 pm, el ministerio público sometió moción para que se revisara la fianza y se impusiera grillete.

Las directrices que la jefa de fiscales Jéssika Correa González emitió ayer, “[c]on el fin de reforzar, aún más, el procesamiento efectivo de los casos de violencia de género”, están dirigidas a lo que debe ser la actuación de los representantes del ministerio público en las vistas de causa para arresto y vista preliminar de casos de violencia doméstica.

“[E]l fiscal deberá asegurarse de obtener el historial criminal del sospechoso del Registro Criminal Integrado”, refiriéndose al instrumento que, según fuentes habían adelantado a NotiCel, es el mecanismo que tienen los fiscales para descubrir el historial delictivo de un imputado.

“El fiscal deberá presentar las objeciones que correspondan en el momento preciso y fundamentar lo que en derecho proceda. La presencia de un fiscal en la vista de Regla 6 tiene el propósito de brindar más certeza y seguridad para las víctimas y de garantizar que se cumpla el estándar probatorio en esta etapa”, expone la directriz al citar la ley de 2021 que obliga a fiscales a estar presentes en las vistas de causa para arresto en casos de violencia doméstica. Esa ley es un trofeo político que la Administración Pierluisi siempre presenta sobre el manejo de estos casos, pero la directriz parece revelar lo obvio, que el fiscal no solamente tiene que estar presente, sino que tiene que ser un ente activo y efectivo en el proceso.

Si se determinara causa para arresto, “el fiscal será responsable de solicitar al tribunal que se le permita examinar el informe que somete (PSAJ) con sus recomendaciones sobre la posibilidad de decretar la libertad provisional del imputado”.

“De resultar la cantidad impuesta (como fianza) una ínfima, el fiscal será responsable de solicitar al tribunal la reconsideración y argumentar para que se aumente la fianza en aras de proteger a la víctima. A esos efectos, el fiscal deberá tener disponible entre sus documentos el historial criminal del RCI sobre el imputado para propósitos de argumentación. En caso de que el tribunal declare No Ha Lugar la reconsideración, el fiscal deberá radicar una moción urgente solicitando el aumento de la fianza”, abundó en una serie de pasos que son un reflejo de lo que no se hizo en el caso de la Masacre de Yauco.

“[L]os fiscales que comparecen a la vista de Regla 6 deberán estar preparados para mover la discreción judicial a que se imponga la supervisión electrónica, en aquellos casos que lo amerite”, puntualiza al desmenuzar que, desde el 4 de febrero próximo, la obligación en ley de imponer un grillete a reincidentes se convierte en discrecional. El martes, mismo día que se emitieron las directrices, la representante novoprogresista Wanda del Valle Correa sometió un proyecto de ley que, de aprobarse, eliminaría esa discreción para, en vez, disponer que el grillete será obligatorio en todo caso de violencia doméstica.

“Todo fiscal deberá objetar las suspensiones injustificadas y los reseñalamientos remotos promoviendo la rápida ventilación de los casos criminales, según lo establece la Carta de Derecho de las Víctimas de Delito”, subraya el documento en otra directriz que refleja lo que no sucedió en lo que desembocó en la matanza de Morales Vázquez, su madre y su hermano.

Añade que se debe tomar declaración jurada a la víctima el mismo día en que se le hace la consulta al fiscal sobre si se va a radicar un caso. “Salvo circunstancias excepcionales, no se deberá esperar a la fecha de la vista preliminar para tomar una declaración jurada”, dice también en un aspecto alarmante porque implica que hay casos en los que no se está tomando declaración jurada a la víctima hasta la vista preliminar, que usualmente está señalada para semanas después de la vista de causa para arresto.

Se recuerda también que hay una hoja de Evaluación de Riesgo que el fiscal debe completar “con el propósito de identificar el riesgo de muerte al que se expone la víctima”, y usarlo como base para discutir con esta las alternativas de prevención y protección que le puede ofrecer el gobierno, como moverse a un refugio. En el caso de Morales Vázquez, se dijo que la mujer rechazó estas alternativas y optó por mudarse a la casa de su madre, donde ocurrieron los asesinatos.

Correa González emitió las directrices el mismo día que se celebraba el velatorio de las víctimas en Yauco y a la vez que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia colocó toda la responsabilidad de la masacre en el Poder Judicial.

Para leer las directrices, pulse aquí.

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