El evento, que conllevó un accidente de tránsito, se discute en una demanda civil que está pendiente de juicio.

La jueza municipal Ingrid D. Alvarado Rodríguez está demandada por provocar un accidente de tránsito durante el cual lanzó improperios y amenazó con su cargo de jueza al policía que la detuvo por conducir a exceso de velocidad.

Alvarado Rodríguez es la jueza que determinó no causa para arresto en la denuncia criminal que promovió Andrea Cristina Ruiz Costas contra su expareja, Miguel Ocasio Santiago, quien un mes luego de ese evento la asesinó y quemó su cuerpo.

El Tribunal Supremo ha decidido reiteradamente no divulgar la grabación de esa y otras dos vistas a las que Ruiz Costas acudió en búsqueda de una orden de protección, que tampoco se le concedió. Pero NotiCel obtuvo y divulgó la grabación de la vista ante Alvarado Rodríguez y publicó también una sentencia de 2017 en la que el Tribunal de Apelaciones le señaló como errores, en otro caso, varias de las actitudes y determinaciones que la jueza reflejó también en la vista de Ruiz Costas.

Una demanda civil de 2019 a la que NotiCel tuvo acceso contiene alegaciones también sobre la conducta de la jueza quien, en ese momento, servía en la sala municipal de Patillas, Región Judicial de Guayama. Alvarado Rodríguez es cuñada del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, ya que está casada con su hermano, José Ulises Dalmau Santiago, un cabildero que en el pasado ha representado a la industria de seguros.

La demandante es la Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM) como la aseguradora de la conductora que chocó con Alvarado Rodríguez cuando esta, de manera supuestamente imprudente, cruzó los carriles de la autopista para obedecer la orden de un policía de que se detuviera porque viajaba a exceso de velocidad.

Como debe ocurrir, la demanda fue trasladada al Tribunal Superior, sala de Aibonito, ya que fue radicada en Guayama cuando la jueza todavía servía en esa región. Actualmente, Alvarado Rodríguez sirve en la Región Judicial de Caguas, donde atendió la denuncia relacionada a Ruiz Costas el 26 de marzo pasado.

“El día 5 de febrero de 2018 el vehículo Toyota, Modelo 2016, Modelo Tablilla ITY 313 conducido (por Alvarado Rodríguez), transitaba de Norte a Sur por la Carr. 52 a exceso de velocidad (78 mph) en zona de 55 mph, cuando el oficial de la Policía que está marcando la velocidad de los vehículos que por allí transitan, le mandó a detener al lado derecho de la carretera, ésta inicia su marcha desde el lado izquierdo de donde se había estacionado hacia el lado derecho de la carretera, sin tomar las debidas precauciones, siendo impactada por el vehículo Honda, Modelo 2013, Tablilla IEM 978 propiedad de Lennys O. Ortiz Ventura, quien transitaba por su vía franca. El accidente se debió única y exclusivamente a la culpa y negligencia (de Alvarado Rodríguez), quien no tomó las debidas precauciones, provocando el accidente antes narrado”, reclamó la CSM en la demanda que pide un pago de $14,073.

Al contestar la imputación, Alvarado Rodríguez trae como tercero demandado al policía que la detuvo, el agente Frederick Flores y alega que este “salió sorpresivamente a la carretera” y le ordenó que se detuviera. Ella lo hizo en el área verde izquierda “a cual era la manera más segura para detenerse”, pero el agente le ordenó, “mediante señales y gritos, de manera molesta” que se moviera al lado derecho, donde él estaba, “amenazándola con llenarla de boletos si no seguía su instrucción”.

Añade que el agente no tomó medidas para detener el tránsito mientras ella se movía, que lo hizo “con el cuidado que las circunstancias le permitían”, que varios casos se detuvieron pero que Ortiz Ventura no lo hizo porque venía a alta velocidad, impactándola. La jueza le reclamó a sus demandados el pago de $75,000 por daños físicos y angustias y otros $10,000 por gastos médicos y pérdidas materiales.

Cuando el policía Flores contestó la demanda, apuntó a que la jueza “se detuvo en el paseo, en línea amarilla, en total incumplimiento de la Ley” y que, “en total contumacia como la que muestra en esta demanda, hizo caso omiso a la orden del oficial de detenerse, ya que con gestos le indicó que ella se quedaría detenida al lado izquierdo, por que (sic) iba para Guayama”.

Una vez sucede el accidente, “se bajó del vehículo a gritarle improperios al oficial por determinar que ella fue responsable en el accidente, y a amenazarlo con que ella es Juez”.

“Siendo Juez, entendemos que el conocimiento de las Leyes de la señora Alvarado debe ser mayor así como la razonabilidad y el nivel de responsabilidad que se espera como conductor. La señora Alvarado no utilizó prudencia ni sentido común ni al detenerse al sentido contrario del expreso, ni al cruzar a la ligera, sin tomar suficientes precauciones aun cuando el oficial le estaba intentando orientar por el alto parlante que se detuviera, que venia un vehículo, lo cual ella hizo caso omiso. La señora Alvarado infringió la Ley desde el inicio, además de que abusó de su poder como Juez al no detenerse al lado derecho cuando se le requirió por el oficial Flores. Esa es la realidad de lo que sucedió en ese accidente del cual la señora Alvarado es totalmente responsable”, añadió el agente de la Policía.

El juez Pedro Juan Pérez Nieves señaló una conferencia con antelación a juicio para el 4 de junio próximo. La reclamación contra Alvarado Rodríguez bajó a $10,073 porque el seguro compulsorio pagó $4,000 a la demandante.

Alvarado Rodríguez y su esposo tienen también pendiente en el Tribunal de Apelaciones dos controversias relacionadas con un cobro de mantenimiento con la Asociación Propietarios y Residentes Ciudad Jardín Bairoa, Inc.