Juez que preside el caso de la Reforma de la Policía determina que hay más que “causa probable” para entender que se violaron las órdenes del tribunal en reciente ola de ascensos.

El juez federal Gustavo A. Gelpí publicó ayer una orden que emitió el 30 de diciembre para que se inicie una investigación criminal debido a que de la propia información sometida por los abogados del Gobierno de Puerto Rico surge que oficiales de la Uniformada indujeron a error al exsecretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, en actos constitutivos de fraude durante el proceso de ascensos.

El 15 de diciembre pasado, Gelpí ordenó la suspensión de todos los ascensos de inspector a coronel porque la nueva política de ascensos no se había revisado por el tribunal. En ese momento, surgió que el Gobierno de Puerto Rico había sometido un protocolo de ascensos con la firma de Janer, pero que aparentemente Janer firmó por error. Gelpí pidió al gobierno una moción al respecto que permanece confidencial, pero que produjo la orden de investigación del 30 de diciembre.

“[E]n casi 20 años en la corte federal, con 15 de ellos dedicados a casos de decretos por consentimiento entre el Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia federal, esta es la primera vez en que el suscribiente se ha enfrentado con un asunto escandaloso de esta magnitud. Inducir a un Secretario a cometer fraude al tribunal a sabiendas, si se evidencia, ciertamente provocará que caiga todo el peso de la ley a los responsables”, concluyó Gelpí.

“Este tribunal está horrorizado de conocer lo que aparentemente ha trascendido dentro de la Policía, y los aparentes esfuerzos de ciertos individuos inescrupulosos dentro de la Fuerza para violar el proceso de ascensos basados en mérito que mandata el Acuerdo de Reforma de la Policía”, dijo el juez sobre la moción del gobierno.

“Hay más que causa probable de que dicha conspiración interna existió y de que sus miembros tienen cero respeto al Mandato de la Ley, la Reforma e innumerables órdenes judiciales. Esto muy bien puede constituir conducta de desacato criminal, así como obstrucción a la justicia o fraude”, añadió al instruir al Comisionado Especial de la Reforma, Alejandro del Carmen, a realizar la investigación confidencial y referir sus hallazgos al tribunal, sin que eso evite que Justicia federal realice su propia indagación.

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