Lo hizo el senador Miguel Laureano

El senador por el Distrito de Humacao, Miguel Laureano, refirió hoy al Departamento de Justicia (DJ) a la empresa administradora de AutoExpreso, GILA, por una serie de irregularidades encontradas tras la celebración de vistas públicas, vistas oculares y otras series de gestiones que se dieron a consecuencia de la Resolución del Senado 65.

El funcionario, en conferencia de prensa efectuada en el Capitolio, detalló que la compañía aparentemente incurrió en malversación de fondos públicos, incumplimiento de contrato con la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), errores en el sistema de multas y en el proceso de peajes que pagan los conductores. Además, en estos primeros cuatro meses del año en curso, la compañía ha recolectado más de los $80 millones.

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‘Es evidente que la empresa GILA ha sido irresponsable en el manejo del pueblo de Puerto Rico. Se han emitido aproximadamente $1.6 millones en multa en la isla, un equivalente a 13 mil multas diarias lo que representa más de $80 millones en multas para el bolsillo de los puertorriqueños y muchas de estas no han podido ser aclaradas’, dijo Laureano ante los principales medios del país.

Sin embargo, Luis Alberto Sánchez, vicepresidente de Operaciones de Gila LLC, afirmó que su empresa no genera ingreso alguno por el cobro de multas de tránsito y tampoco tiene un incentivo monetario en fijar multas.

‘El dinero recolectado tanto de peajes como de multas se depositan en su totalidad a favor de nuestros clientes. Gila cobra un precio fijo por transacción realizada a favor de nuestros clientes y establecida por contrato. Gila no tiene un incentivo monetario en fijar multas. El procesamiento de multas le genera un gasto operacional a Gila en personal, correo, costos adicionales, entre otros’, aseguró Sánchez en declaraciones escritas.

El contrato de esta compañía se remonta al año 2015. El mismo, otorgado por la pasada administración bajo Alejandro García Padilla y el Partido Popular Democrático (PPD), especificaba que la compañía adquiriría y modificaría el sistema mediante el cual se administra el servicio de AutoExpreso, particular que hasta la fecha no se ha realizado.

Por si fuera poco, según Laureano, el sistema ha emitido multas a vehículos que no han conducido a traves de estaciones de peajes, y con balances en sus cuentas y recargas automáticas.

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‘La empresa GILA aceptó públicamente que erraron al procesar los pagos de los peajes ya que el sistema reflejaba un vehículo pasando por una estación de peaje cuando realmente estaba en otro pueblo’, destacó Laureano.

‘Queremos investigar, no solamente desde María, sino desde cuándo estas situaciones están ocurriendo. Ante la situación que ya llegó a un punto alarmante, que el Departamento de Justicia entre a investigar este asunto’, recalcó el senador.

Notificó que le enviaría un comunicado al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares y al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, para la cancelación del contrato de la compañía y que se realice una subasta conforme a los procesos y reglamentos que se establecen para la contratación de una nueva compañía.

‘El contrato de Gila fue el resultado de un proceso de subasta que luego fue revisado y confirmado en los tribunales. Desde el comienzo, hemos operado el sistema que tenía la Autoridad de Carreteras según se nos fue requerido contractualmente y estamos en estado avanzado para implementar un sistema nuevo, según los terminos del contrato’, afirmó Sánchez.

Según Sánchez, el 98.4% de todos los conductores que usan el sistema de Auto Expreso mantienen sus cuentas al día.

‘Para proveer un ejemplo típico de las operaciones de Auto Expreso en Puerto Rico presentamos los datos relacionados a multas para este pasado mes de abril de 2018: En abril 2018 se emitieron 414,029 multas de un tráfico total 26,219,345 para ese mes. Esto representa un 1.6% del tráfico total mensual que incurrió en multas, el restante 98.4% fueron usuarios que mantienen sus cuentas con balance suficiente para todas sus obligaciones de peajes’, indicó el ejecutivo de GILA.

Reacciona el secretario de DTOP

El ingeniero Carlos M. Contreras Aponte, informó que su agencia está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre las ejecutorias de la compañía GILA a la vez que no descartó la posibilidad de cancelar el contrato que sostiene con la compañía y que vence en 2019.

No osbtante, argumentó que previo a dar un paso como ese, se requiere que culmine la investigación, además, de consenso.

‘Aunque para la cancelación del contrato de GILA se requiere que haya consenso entre Metropistas y la Autoridad de Carreteras, confío en que una vez concluida la investigación, si esa fuera nuestra determinación, no tendremos problemas en lograrlo. Por lo menos a este servidor no le temblará la mano’, terminó diciendo Contreras Aponte.

Gila opera los peajes de la Autoridad de Carreteras (PR 52, PR 20, PR 53 y PR 66), opera el peaje del Puente Teodoro Moscoso, procesa además las transacciones de Metropistas que son operadas por ellos (PR 22 y PR 5), y procesa las transacciones del peaje del Municipio de Guaynabo, operada por ellos.