Despues de meses de controversias y clamores del pueblo por acusaciones de abuso sexual en su contra, el alcalde de Guaynabo Hector O’Neill abandonó su trono, presentando su renuncia inmediata a la alcaldía del municipio.

O’Neill afirmó en su carta que ‘ha llegado el momento de retirarme y devolver la tranquilidad a mis dos grandes familias, la personal y la municipal. Después de más de dos décadas dedicadas al servicio público, salgo con la satisfacción, que luego de una extensa investigación, se ha confirmado lo que ha sido siempre mi norte, el AlcaldeO’Neillno se apropió, nimalversófondos públicos del Municipio’.

No obstante, el Alcalde no hace mención del caso por hostigamiento sexual emitido por una oficial del distrito de Guaynabo.

Aunque la situación habíadetonadosemanas atras, el drama de hostigamiento sexual enGuaynaboCityha estado hirviendo por años y, por lo menos desde 2010, ha figurado en la opinión pública aunque no se le había prestado atención.

Como prólogo a la novela de la caída meteórica del presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Guaynabo, en el 2010, la oficinista de la Policía Municipal de Guaynabo, Maribel Montalvo Ríos, presentó una demanda federal contra el Comisionado de la Policía Municipal de esa ciudad, Carmelo Correa Ruiz por hostigamiento sexual. La demanda fue también contra el Municipio más no contra el Alcalde, aunque O’Neill es objeto de alegaciones en la demanda.

Específicamente, que cuando la mujer presentó una querella de hostigamiento contra Correa y el funcionario fue al Alcalde para presentarle su renuncia, O’Neill no la aceptó y le reiteró la confianza.

El oficial examinador no encontró mérito en la querella y el Alcalde respaldó a su subalterno, el cual luego se vería involucrado en el fraude electoral perpetrado por el equipo de O’Neill.

A pesar de que un oficial examinador del Municipio no encontró causa, el ayuntamiento pagó $285,000 en fondos públicos para transigir el pleito.

El patrón de esa demanda se repetiría en 2016, pero con un protagonista mucho más cerca del Alcalde. En abril de ese año, se presentó otra demanda federal, esta vez de parte de una abogada exempleada del ayuntamiento quien afirma que era hostigada por Hector O’Neill Rosa, hijo del alcalde. En sus alegaciones, dice que el Alcalde y su hijo mantienen la alcaldía como un harén.

En la demanda, Inés María Jelú Iravedra alegó que O’Neill Rosa la sometió a un patrón de hostigamiento que incluyó acercamientos físicos no deseados, incluyendo exposiciones deshonestas con sus genitales en una oficina municipal, agresiones sexuales mediante tocarle las partes íntimas a la mujer, y llamadas y mensajes de textos insistentes y de naturaleza sexual.

Aunque originalmente Jelú Iravedra se quejo ante estos actos, muchos en el municipio le advirtieron que las cosas eran así y que no debía pelear debido al control que ejercía el nombre O’Neill en el municipio.

‘Al tiempo en que ocurrieron los actos de hostigamiento sexual detallados anteriormente, la política no escrita en el municipio era que era aceptable que el alcalde O’Neill García y su hijo O’Neill Rosa tuvieran relaciones sexuales con empleadas mujeres’, rezaba la demanda.

Pese a esta demanda no obstante, el hijo del alcalde recibió una exoneración por medio de un informe escrito de Miguel Romero, hoy senador y exsecretario de la Gobernación en la Administración Fortuño, quien en aquel entonces fue contratado para atender la querella escrita de la demandante. Tras esto, Jelú Iravedra fue forzada a salir de su puesto.

Luego en octubre de 2016, en la recta final del proceso electoral, salieron a la luz los detalles de la querella radicada directamente contra el Alcalde por la mujer policía municipal, quien se mantuvo en el anonimato por miedo a represalias por el poder que mantiene O’Neill en su municipio. Entre las acusaciones, la víctima alega que tuvo relaciones con el Alcalde por un tiempo pero cuando se negó a seguir manteniéndolas este la comenzó a hostigar hasta el punto de transferir a la pareja consensual de la mujer y a la misma vez amenazarla.

En ese entonces, O’Neill expresó que se trataba de un ataque político en contra de él debido a la cercanía que tenían las declaraciones con las elecciones del país

Al igual que en estos últimos días, el liderato del Partido Popular Democrático hizo declaraciones ante la situación y exigieron un castigo al alcalde penepé.

‘Mientras todo esto pasa, el presidente del PNP primero tarda en contestar, miente al decir que la demanda de la mujer policía no estaba juramentada, cuando el documento evidencia lo contrario y ahora parece tenerle miedo a O’Neill y no exigirle la renuncia a sus posiciones en el PNP’, resaltó en un comunicado de aquel entonces el presidente del PPD en Guaynabo, Ricardo ‘Richie’ Vicéns Salgado.

No obstante el caso se disipó por varios meses hasta que se descubrió el jueves 2 de marzo que el alcalde había transadocon la mujer policía por $300,000 dólares y otra suma similar para el amante, quien se especula es un sargento del cuerpo.

Aunque se han emitido avisos de investigaciones en los últimos días, especialmente en el origen del dinero usado para la transacción, las principales agencias de gobierno con jurisdicción en el caso, que cabe destacar son lideradas por mujeres, comenzaron a lavarse las manos del asunto.

Pero ya la situación había trascendido a escalas mayores, y el pueblo de Puerto Rico exigió la renuncia del mandatario.

Ante la situación, el gobernador Ricardo Rosselló, quien también había tratado de mantenerse al margen de la situación,solicitó la renuncia del Alcalde en un plazo de 24 horas. A su llamado se unió la Primera Dama, Beatriz Rosselló.

‘En nuestro gobierno no hay espacio para el hostigamiento sexual, ni el abuso contra las mujeres; mucho menos impunidad para los que actúan en detrimento de la mujer. Celebremos la Semana de la Mujer dando ejemplo de nuestro compromiso con la igualdad y la defensa de la dignidad de las mujeres puertorriqueñas’, sostuvo en declaraciones escritas.

Sin embargo, O’Neill negó contundentemente las denuncias que se le imputaban en su contra. No obstantecedió temporeramente la presidencia de su partido en Guaynabo y solicitó que se dejara hacer la investigación pero que la legislación municipal no se involucrase en sus problemas personales.

Varias semanas después de ceder la presidencia, el alcalde fue blanco de diversas manifestaciones exigiendo su destitución. El municipio de Guaynabo intentó frenar las protestas pidiendo consideración por niños estudiantesen la alcaldía pero la advertencia solo sirvió para abanicar las llamas de los manifestantes.

Ante la situación, un grupo de empleadas del municipio de Guaynabo, incluida la vicealcaldesaAurializ Lozada presentaron al municipio como un lugar de ‘sana convivencia’ y expresaron sentirindignación y consternación por los señalamientos de hostigamiento sexual que se le imputan a O’Neill, mientras aseguraban sentirse cómodas trabajando en el municipio.

Así las cosas fueron sucediendo hasta que el departamento de Justicia tomó cartas al asunto y en el día del Paro Nacional anunciaron que estarían refiriendo el caso al panel de Fiscales Independientes para trabajarse.

A la misma vez, la Procuradoría de la Mujer anunció que estarían expidiendo la multa máxima contra el municipio de Guaynabo por la crasa negligencia en el cumplimiento de la promoción de políticas contra la violencia doméstica y el hostigamiento sexual en el lugar de empleo.

‘La investigación que realizó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres encontró que existe una negligencia significativa en el Municipio de Guaynabo en lo que respecta a la promoción de la política contra el hostigamiento sexual en el lugar de empleo. Prácticamente ninguna dependencia municipal cumple con la ley en este respecto, un elemento tan básico para cualquier patrono, público o privado, que pretende desalentar esta práctica’, expresó la procuradora IleanaAymat Ríos.