«Puerto Rico no se va a enterar de…

El destituido presidente de la Comisión de la Auditoría de la Deuda y representante del sector sindical, Roberto Pagán, recibió la carta de su despido junto a los ocho miembros de la junta. «El pueblo de Puerto Rico no se va a enterar de cuánto es la deuda real, y más importante aún, si se emitió de forma legal o ilegal y quienes fueron los responsables de meternos en la crisis fiscal y el endeudamiento que tiene nuestro país», dijo Pagán.

Creada el 15 de julio de 2015, la Ley 97 facultaba a la Comisión a tener individuos por su peritaje y no por sus ideologías políticas, que luego fueron ratificados por el entonces presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló. Bajo una participación ciudadana, se eligieron a los integrantes de diferentes sectores, entre ellos, el civil que seleccionó a Pagán.

Los despedidos incluyeron a la secretaria de la Comisión y representante del sector cooperativo, Irma Hilerio; a la representante del sector bancario, ZoiméÁlvarez; al represenante del sector comercial, Edwin Colón; al catedrático en Derecho Constitucional, el doctor Hiram Meléndez; al representante del sector económico, el catedrático José Alameda, y al representante de finanzas, el catedrático José González Taboada.

«En un momento en que el gobierno se plantea y reconoce que la deuda en Puerto Rico no se puede pagar bajo los términos en que está negociado y que plantea, la nueva administración, que es necesario reestructurar la deuda. Uno elimina o pretende eliminar una de las herramientas más valiosas que tiene precisamente para poder llevar a cabo una negociación inteligente, y al igual que la pasada administración, que no le pidió el peso que tiene esta comisión», lamentó Pagán.

El gobernador Ricardo Rosselló se amparó en el Proyecto de la Cámara 451 que lo faculta a remover de la Junta de Directores o «intrumentalidad del Gobierno o entidad que reciba subsidios del Gobierno», a cualquier miembro que entienda que no está ejecutando la política pública del primer ejecutivo y que no goce de su confianza para implementar el Plan Fiscal requerido por PROMESA. Sin embargo, la Constitución de Puerto Rico establece la separación de poderes, según Pagán.

Hasta el momento, la Comisión ha recibido $70,000 que fueron destinados a contratar su coordinador ejecutivo, que diseñó los reglamentos del organismo. Y, por otro lado, se encaminaban a investigar, mediante una auditoría forense, una certificación de los dos informes de pre-adutoría que se habían realizado y saber quiénes fueron los responsables de las irregularidades en la deuda.

Avanza una petición de reclamo ciudadano

Hace un mes se creó una petición en español e inglés para defender la permanencia de la Comisión en la página http://www.auditoriayapr.org, que ha sobrepasado las 11,000 firmas. Según la presidenta del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, Eva Prados, quieren tener 72,000 endosos de manera simbólica en respuesta a los $72,000 millones que adeuda el gobierno.

«En términos de transparencia, es terrible lo que estamos enfrentando, porque, nuevamente, estaría el País pagando por una deuda a ciegas donde no sabemos cómo se utilizó ese dinero, cómo llegamos a este problema de endeudamiento. Estaríamos, también, encubriendo casos de corrupción. El pueblo estaría pagando, incluso, por medidas que benefician a terceros sectores de una manera desproporcionada», lamentó Prados en una entrevista telefónica con NotiCel.

Mañana se reunirá el Frente para discutir todo el escenario conflictivo y convocar a la ciudadanía en sus diferentes estrategias de acción. También, no descartan tomar acciones legales junto al Colegio de Abogados que evalúan los informes auditados y las estrategias legales ante la desmantelación de los miembros de la Comisión.

«Estas personas eran personas que representaban sectores en particular. El mismo sector bancario, el sector cooperativista, el sector sindical, que son actores afectados o interesados en los aspectos de la deuda, y también eran expertos en distintas áreas como finanzas, contabilidad y derecho constitucional. No eran personas nombradas para representar al Ejecutivo ni eran personas que gozaban de la confianza del gobernador, sino que eran personas recomendadas por su peritaje», insistió Prados.