La contralora Yesmín Valdivieso publicó el martes un informe de auditoría parcialmente adverso sobre desviaciones de ley y de reglamentación con la administración del presupuesto, las recaudaciones y las deudas del Municipio de Cataño.

‘El Informe indica que del 2010 al 2014 el déficit acumulado en el Fondo Operacional aumentó de 6 a 14 millones de dólares, se sobregiró en 19 fondos por 3.2 millones de dólares y sobreestimó los ingresos del municipio hasta en un 40 por ciento. El Informe de Auditoría M-13-10 del 11 de septiembre de 2012 ya había identificado situaciones similares al presente, sobre la administración del presupuesto de Cataño. Además, contrario a la Ley 81 de 1991, el municipio desembolsó 7 millones de dólares del 2012 al 2013 para gastos operacionales con los fondos provenientes de patentes pagadas por adelantado correspondientes a los años fiscales 2014 y 2015’, expuso la contralora en declaraciones escritas.

‘ La auditoría señala la posible malversación y apropiación ilegal de fondos públicos por parte de una recaudadora auxiliar ya que del 2011 al 2014 ideó un esquema para efectuar cobros en efectivo de las instalaciones municipales. Al respecto, emitió 162 recibos por 35,225 dólares y no entregó dichas recaudaciones al Recaudador ni las depositó en las cuentas bancarias del Municipio. Esta situación fue informada al Secretario de Justicia y a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental el 5 de febrero de 2016’, añadió.

Valdivieso señaló que el Informe de 12 de hallazgos revela también que el Municipio condonó deudas de patentes por 448,437 dólares contrario a la Ley 113 de Patentes Municipales, tuvo que pagar una multa de 37 mil dólares a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA-por sus siglas en inglés) por no preparar un Programa de Manejo de Aguas Pluviales, y siete compañías aseguradoras que proveen servicios médicos en Cataño retuvieron 36,287 dólares en contribuciones sobre ingreso al Municipio a pesar de que estaba exento del pago del mismo por ser gobierno.

‘En los Comentarios Especiales se resume que la Unidad de Auditoría Interna del Municipio determinó que dos oficiales de nómina no efectuaron retención de salarios por 35,018 dólares a 15 empleados –incluidos ellos- de las cuotas que por ley tienen que remitir a la Asociación de Empleados del ELA y que una recaudadora auxiliar se apropió de 6,315 dólares de fondos por concepto del alquiler del Centro Recreacional la Esperanza. Además, el Municipio tiene que pagar 3.1 millones de dólares a un contratista por la paralización de la construcción del Nuevo Centro de Diagnostico y Tratamiento; esta resolución fue determinada tras un procedimiento de arbitraje en los tribunales que comenzó en el 2009’, expuso Valdivieso.