Ante el jurado finalmente seleccionado para aquilatar la evidencia en el caso de los supuestos cómplices del empresario Anaudi Hernández Perez en el esquema de fraude gubernamental, abogados de defensa enfilaron los cañones hacia el exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD).

‘Él (Hernández Pérez) es un gran vendedor…. puede engañar a cualquiera’, sostuvo el abogado Joaquín Monserrate Matienzo, quien representa a la acusada Sally López Martínez.

En su alocución, el fiscal Timothy Henwood negó que esto se tratara de un caso sobre ideología o partido político, sino sobre un sistema corrupto donde se otorgó una ventaja injusta por las razones incorrectas.

Henwood depuso ante el Jurado que es ilegal que funcionarios públicos obtengan algo a cambio por hacer una gestión dentro de sus labores, así como está en contra de la ley malversar fondos públicos o utilizar el propo sistema para extorsionar a alguien.

‘La evidencia va a demostrar que a Anaudi Hernández y a sus socios se les proveyó una ventaja injusta y corrompieron el proceso’, enunció Henwood.

Según el fiscal, para que la cabeza del esquema de fraude gubernamental pudiera llevar a cabo sus negocios- quien ya admitió su culpa ante las autoridades federales-, utilizó sus influencias públicas para recomendar y asegurarse de que nombraran a ciertas personas en puestos claves para adelantar su agenda empresarial.

‘Necesitaban a las personas correctas en los puestos correctos en esas agencias… You’ll scratch my back, I’ll scratch yours’, definió así el caso el fiscal Henwood.

Por lo tanto, sostuvo, Hernández Pérez hizo que a la acusada López Martínez la nombraran directora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), oficina adscrita al Departamento del Trabajo, y que a Sonia Barreto la nombraran directora de compras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Esta última ya admitió su culpa.

Fue así que a través de sus conexiones políticas Hernández Pérez se adueñó de contratos gubernamentales de los que recibió fondos federales sin haber atravesado una justa competencia, y a veces, careciendo del peritaje para llevar a cabo la labor, apuntó el fiscal. Ejemplo de ello, añadió, sería la instalación del sistema de telefónica de la Cámara de Representantes.

Precisamente en ese cuerpo legislativo trabajaba el coacusado Glenn Rivera Pizarro como ayudante. Su abogado Juan Masini Soler dejó claro en su alocución que el empresario Hernández Pérez no tuvo nada que ver con el nombramiento de Rivera Pizarro, que este llegó a su puesto por sus propios méritos y que carecía de la autoridad necesaria para firmar contratos. El exadministrador de la Cámara, Xavier González, quien era su jefe, ya se declaró culpable de haber cometido corrupción.

En el caso de López Martínez, su abogado intentó dejar claro que esta no llegó a su puesto a través de Hernández Pérez, sino que conocía al gobernador Alejandro García Padilla desde hace 14 años a través de su hermana, de la cual era vecina. Además, sostuvo que ella envió su resumé a muchísimas personas y que atravesó todos los procesos necesarios.

Por su parte, el abogado Godwin Aldarondo, quien representa a Ivonne Falcón Nieves, exvicepresidenta de la AAA, sostuvo que este caso no se trata de ninguna intención de cometer un crimen, sino de padrinazgo político. ‘Para obtener un trabajo en el gobierno, hay que tener un padrino’, sostuvo.