La portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Jenniffer González dijo el jueves que presentaron varias enmiendas a la Ley de Moratoria, según fueron propuestas y redactadas por el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael ‘Tatito’ Hernández.

‘Nosotros estamos evaluando el contenido del proyecto de ley y entendemos que deben incluírsele otras enmiendas, que protejan lo que es el servicio de las cooperativas y los municipios en Puerto Rico. Nosotros presentamos esas enmiendas que el compañero Tatito Hernández había hablado en su turno en el hemiciclo y luego de lo que ocurrió tomamos sus enmiendas, redactas por él y las presentamos como parte de la delegación del PNP’, dijo González en una entrevista radial por NotiUno.

La legisladora admitió que ha tenido conversaciones con Hernández y con el presidente cameral, Jaime Perelló sobre el lenguaje de las enmiendas. A pesar, que González no la mencionó, entre las enmiendas que propuso Hernández también está que se excluyan de la moratoria unos 16 millones de dólares que están respaldados por ‘la fe y el crédito del ELA’, las emisiones que están garantizadas con fuentes de repago que se depositan en fideicomisos como el CRIM, COFIM Y COFINA, las emisiones pendientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El gobernador Alejandro García Padilla convirtió el miércoles en ley el proyecto que provee para una moratoria temporera de los pagos al servicio de la deuda. ‘Esta legislación nos proporciona las herramientas para atender las necesidades de mayor prioridad, proveer los servicios esenciales a nuestra gente, sin temor a represalias. Esta legislación también permite que el Banco Gubernamental de Fomento pueda abordar su situación de una manera ordenada’, dijo el gobernador en un comunicado.

De otra parte, la legisladora indicó que ‘evidentemente el proyecto que se convirtió en ley, firmado por el gobernador, nos lleva a convertirnos en Venezuela. Nos lleva a convertirnos en una república que hasta tiene un poder de expropiación de las propiedades y servicios que da el sector privado si al gobernador le da la gana y eso es más que peligroso. Son cosas que debemos evaluar para proteger el debido proceso de ley y debemos considerarlo como parte de esas enmiendas’.

Sin embargo, el licenciado Carlos Ramos, especialista en Derecho constitucional explicó en entrevista radial (NotiUno) que aunque partes de la ley pudieran caer en la frontera de la inconstitucional se debe tomar en cuenta los varios periodos que implica, como su cobertura, los de emergencia y la vigencia de ciertas partes.

Ramos aseguró que más bien el gobierno buscó una autodefensa, ‘lo más parecido a estados en tiempos de guerra’.

Respecto al poder que otorga la ley para embargar bienes o servicios, el abogado interpretó que la ley no quitará dinero a sus proveedores, sino que les obligará a continuar dando los servicios que sean imprescindibles a la ciudadanía o que de no proveerse la ponga en peligro.

Mientras, González añadió que ante el escenario que enfrenta el país provocaría una quiebra que a su vez afectaría el curso de la legislación federal para la reestructuración de la deuda de la isla.