El designado secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Einar Ramos confirmó que el exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge De Castro Font podría estar fuera de la cárcel de Bayamón a partir de las 8:00 de la mañana del martes.

‘Durante el día de ayer (lunes) el comité que evaluó los posibles programas que el exsenador De Castro cualifica para salir de la institución carcelaria, recomendó que en el día de hoy pudiera salir en un programa de desvío con un sistema de monitoreo electrónico o GPS. Ya se le hicieron las advertencias al exlegislador. Yo creo que en la mañana de hoy, a partir de las 8:00 de la mañana puede estar fuera de la institución’, dijo Ramos en entrevista radial por NotiUno.

Y en efecto, a eso de las 9:30 a.m. el exsenador salió de la cárcel, según presenció NotiCel.

Su hija Andrea de Castro habló brevemente con la prensa e indicó que está muy contenta y que su papá se ve feliz y saludable.

El funcionario aseguró que De Castro Font continúa bajo la custodia del DCR hasta que extinga su sentencia completa. Indicó que el exlegislador sería vigilado las 24 horas por los siete días de la semana.

‘Si hay alguna violación se somete a un proceso y se revoca entonces el programa, pues regresaría otra vez a una institución’, dijo.

Según el secretario designado, De Castro Font tendrá que permanecer en una vivienda principal, se establecerá un horario restringido, no puede ingerir alcohol ni usar sustancias controladas. Tampoco puede verse involucrado en ningún incidente ni delito.

‘Es un proceso de monitoreo completo. Es una restricción domiciliaria. No puede estar en la libre comunidad si no tuviera el permiso del Departamento de Corrección. Esas advertencias ya se le hicieron al confinado. Él las firma, él las inicia y se compromete a cumplir con ellas y nosotros a monitorear al confinado’, explicó.

El exsenador extinguió una condena de cinco años en una cárcel federal en Virginia por cargos de fraude para privar al pueblo de Puerto Rico de servicios honestos y por conspiración por extorsión. Las acusaciones surgieron luego que el expresidente de la Comisión de Reglas y Calendario del Senado, solicitara pagos en efectivo y regalos a cambio de beneficiar a otras personas con la aprobación de ciertos proyectos legislativos.

Sin embargo, a nivel estatal, el convicto enfrenta una sentencia de 10 años de prisión por 95 cargos de apropiación ilegal y violaciones a la Ley de Ética.