La política pública de desahuciar a quienes no puedan pagar las utilidades en residenciales públicas, pudiera tener el efecto de aumentar la cantidad de residentes que se acogen a la Ley de Quiebra.

Así lo advirtió a los legisladores en una vista pública reciente la licenciada Mirta Morales Cruz, especialista en derecho de vivienda, quien indicó que los desahucios han aumentado en los residenciales públicos por motivo del impago de las utilidades, así como de la supuesta involuntariedad de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de establecer planes de pago para sus clientes.

En un caso de desahucios sumarios, que llevó ante el Centro Judicial de Caguas, Morales Cruz advino en conocimiento de que los abogados que litigan en ese tribunal acostumbraban defender a sus clientes dedesahucios por motivo de deuda a la AEE mediante el Capítulo 7 de la Ley de Quiebras, el cual considera la deuda descartable.

‘Esta es la alternativa que nos han dejado’, lamentó Morales Cruz, durante una vista pública del proyecto del Senado 1256 la semana pasada.

La medida ha sido efectiva en evitar que los residentes de residenciales públicos se queden sin techo por la inhabilidad de pagar deudas con la AEE, que alcanzan cifras de miles de dólares; pero Morales Cruz reconoció que es una política pública nefasta para el Estado, que busca atajar la deuda de la corporación pública.

Otra acción legal que ha adoptado para defender a los residentes de los residenciales Luis Llórens Torres, Raúl Castellón, Juan Jiménez García y Villas del Rey ante procesos de desahucios sumarios, ha sido contra demandar a la AEE por negligencia en el cobro de la tarifa al haber dejado acumular la deuda a una cantidad tan cuantiosa.

La negativa de establecer planes de pago para el balance atrasado contrasta con la política pública de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA), que trabajó un plan para los clientes de residencial público denominado ‘Ponte al día’, el cual les permite abonar entre $10 a $20 mensuales más la factura.

Este plan le ha permitido a la AAA reducir la deuda acumulada de los clientes de residencial público, que asciende a $25 millones, en un millón de dólares de 2013 a 2014, según datos de la Coalición de Residentes de Vivienda Pública del Área Metropolitana.

La portavoz de la Coalición, Mirta Colón Pellecier, también indicó que la deuda de los clientes de residencial público con la AEE se ha reducido en $4.9 millones desde 2010 a 2014, lo cual demuestra la ‘buena voluntad que tienen los residentes para cumplir con su obligación de pago’. Para el año 2014, esta deuda ascendía a $25 millones aproximadamente.

Colón Pellecier depuso en contra del proyecto del Senado 1256 por entender que ‘su implantación condenaría a la mayor parte de los residentes de vivienda pública a quedarse sin un techo’, al derogar la Ley 69 de 2009, que creó la tarifa fija en el pago de utilidades.

Propuso, por su parte, que se enmiende la ley que catalogó como ‘de justicia tarifaria para los pobres de este país’ para que sea más razonable en tiempos en que las corporaciones enfrentan un déficit. Indicó que las corporaciones pueden establecer un pago inicial para establecer un plan de pago, y que se pueden implementar topes de consumo de acuerdo al número de habitaciones y se cobre adicional el exceso de consumo. Propuso de hecho que en el caso de la AEE, los kilovatios en exceso sean facturados al mismo precio que a los abonados no subsidiados y no a cinco centavos como dijo que está establecido actualmente.