A la espera de que el Senado concurra con las enmiendas que la Cámara de Representantes introdujo al proyecto 1350, que crea una comisión de auditoría del credito público y establece un procedimiento para atender la adjudicación de dinero y otros bienes no reclamados en poder del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), tanto la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) como la del Contralor se mantienen alertas para que en el proceso legislativo no se restituya la cláusula que les obligaría a depositar y mantener la totalidad o una porción de sus fondos en la institución financiera.

La medida también otorga inmunidad a sus funciones como asesor financiero, agente fiscal y fuente de financiamiento del Gobierno Central, aunque el secretario de Justicia, César Miranda, aseguró que solo busca aclarar la responsabilidad de los directivos y la oficialidad del BGF.

La directora de la OEG, Zulma Rosario, condenó hoy martes la disposición que previamente había pasado por un primer cedazo del Senado.

Durante una vista pública de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes hoy martes, argumentóque tras los recortes presupuestarios, ‘la mera posibilidad de que otra entidad como lo es el Banco Gubernamental de Fomento, cuyos funcionarios están bajo la jurisdicción de la Oficina de Ética, puedan manejar nuestro presupuesto a su antojo, le tiene que dar un gran dolor de cabeza a cualquiera’.

Sin embargo, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, recordó que, ‘los depósitos gubernamentales de la banca privada al BGF son una disposición de la Ley 24-2014, que permite al BGF requerirle a todas las agencias y corporaciones públicas, con excepción de la Universidad de Puerto Rico y los municipios, que traigan dichos depósitos al Banco. La UPR y municipios continúan exceptuados de que el BGF pueda realizarle ese requerimiento. Por lo tanto, no se prevé que la medida según aprobada ayude a la liquidez del Banco más allá de lo que disponía la Ley 24-2014. Sin embargo, utilizando esa ley, y luego que el PS 1350 sea firmado, nos moveremos a traer más depósitos públicos al BGF’.

Asimismo, Rosario cuestionó: ‘Qué quieren hacer, destruir la Oficina de Ética para que no hagamos nuestra labor de fiscalización? Porque esa es la forma más fácil de destruirla, retener el dinero para que no podamos hacer nuestro trabajo’.

La funcionaria adelantó a los legisladores que si se impone dicho requerimiento acudirá a los tribunales, pues entiende que dicha disposición es una ‘afrenta a nuestra autonomía fiscal’. Sin embargo, ante la inmunidad que ofrece la medida a los directivos del BGF, el camino en los tribunales apunta difícil.

Por su parte, la contralora Yesmín Valdivieso, detalló que su agencia actualmente tiene unos fondos depositados en el BGF, que en más de una ocasión ha estado en la disyuntiva de retirarlos o no.

No obstante, Valdivieso, precisó que en estos momentos ‘yo espero que se quede allí para que se vea bonito en los estados financieros, pero que nuestro (dinero) no se nos quite, porque los ahorros que yo pueda tener allí depositados es porque hemos sido buenos administradores’.

Mientras, Miranda dijo que aunque el proyecto de ley busca aclarar la responsabilidad de los directivos y la oficialidad del BGF en decisiones que tengan que ver con la liquidez de la corporación pública, otorga cierta inmunidad en el área civil a los directivos del banco pero no les da impunidad.

El Secretario argumentó que la ley lo que busca es que los fondos públicos que están en la banca privada reviertan al BGF para darle liquidez.

En cuanto a la inmunidad a los directores, oficiales y empleados del BGF, Acosta catalogó la disposición como estándar corporativo. ‘Contrario a lo que se ha expresado, esto no se trata de una inmunidad total, sino solamente una inmunidad por acciones civiles, cónsono con la existente en otras corporaciones públicas, como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados’, recalcó.

La ley de Bancos dice que las instituciones insolventes no pueden recibir dinero si están en insolvencia. La ley de banca actual tiene definiciones de insolvencia, pero la ley del BGF no. El BGF recibe depósitos de otras entidades públicas y no de individuos.

La propuesta ley precisa los casos en que un directivo del Banco puede estar exento de cargos o negligencia, y dice que ello ocurrirá ‘en ausencia de prueba adicional clara y convincente que pueda constituir negligencia crasa’.

El artículo en la ley trata que las personas puedan hacer su trabajo sin que se expongan a demandas, pero no se quiere legislar impunidad, que es cuando se comete un delito. ‘Yo creo que verdaderamente de lo que se trata es que unas personas puedan hacer su trabajo sin que se les pueda juzgar de alguna manera… No obstante, a preguntas de los medios, dijo que ‘cualquiera que haga algo irregular, cualquiera que haga algo en contra de la ley, hay que procesarlo’.

El P. del S. 1350 también establece más controles en cuanto a la concesión de préstamos por parte del Banco, por lo que solo podrá realizar préstamos a corporaciones públicas y agencias para mejoras capitales o para ‘working capital’, en este último caso vencedero en menos de un año, salvo que una ley especial disponga de otra forma.

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